Emir Olivares Alonso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que ya investiga las posibles violaciones a las garantías de la familia Rojas Ruiz víctima del enfrentamiento entre elementos navales y presuntos criminales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado domingo. Demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una investigación integral, eficaz y objetiva del caso, en la que se deslinden responsabilidades en los delitos que se hubiesen cometido, incluidas las lesiones y el homicidio de un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

Por su parte, activistas señalaron que “esas niñas y su madre no debieron morir. Y en lugar de indagar a fondo los hechos, el primer argumento de la parte oficial –en este caso la Semar– fue justificar las acciones de sus efectivos, aduciendo que la familia fue víctima de ‘fuego cruzado’. Se trata de la misma premisa que la autoridad federal ha usado para referirse a cientos de casos en los que se presume que civiles fueron abatidos por elementos de las fuerzas armadas”.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que el organismo a su cargo revisará todas las acciones que se dieron. Condenó la violencia, provenga de donde provenga, y manifestó su solidaridad con los deudos.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, lamentó que las autoridades mexicanas no se den cuenta de los costos sociales que trae consigo la fallida política de seguridad. La militarización ha demostrado ser un fracaso no sólo porque no ha reducido los índices delictivos, sino porque además están matando gente inocente.

Resaltó la necesidad de que las investigaciones por este y otros incidentes en los que se ha reportado que los civiles perdieron la vida por los enfrentamientos o por el fuego cruzado, sean acompañadas por una instancia internacional neutral e independiente, como Naciones Unidas, para dar certeza en la verdad y la justicia.

La PGR no es una institución creíble para investigar a las fuerzas armadas, a quienes está supeditada, en tanto que la Semar y la Secretaría de la Defensa Nacional no son instituciones confiables para investigarse a sí mismas, agregó.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseveró que esta tragedia es resultado de una fallida práctica implementada desde hace varios años, a la cual da sustento la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que ante los miles de casos donde hay agravios contra civiles por presuntos enfrentamientos entre criminales y fuerzas armadas, se ha carecido de investigaciones imparciales y objetivas, y, por el contrario, las deficiencias y lentitud del sistema de procuración de justicia abre una gran avenida para las justificaciones.