Roberto Garduño y Enrique Méndez

En este sexenio destaca la reducción notable de quejas por violaciones a derechos humanos, afirma el general Beltrán Benítez.

Las fuerzas armadas no son responsables de la violencia en el país, sino la delincuencia organizada, el tráfico de armas, los jefes policiacos “en nómina del narco” y las fuerzas públicas que se vendieron, afirmó el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general José Carlos Beltrán Benítez.

Al participar en el foro Seguridad y participación ciudadana, organizado por la Cámara de Diputados, deslindó al Ejército del caso Ayotzinapa y expuso que los militares no son violadores sistemáticos de los derechos humanos ni suplantan o sustituyen a la autoridad civil en el combate a la delincuencia.

No hay militarización y lo dejamos claro. Militarización y suplantación sería que las fuerzas armadas detuviéramos, investigáramos, sancionáramos a los responsables, a los delincuentes civiles. Y no sólo eso, que los lleváramos a tribunales y prisiones castrenses. Eso sería que las autoridades militares tuviéramos control sobre la seguridad pública, que no tenemos. Actuamos a petición expresa, dijo.

Defendió que en este sexenio se ha registrado una reducción notable de quejas por violaciones a derechos humanos y citó que mientras en 2012 hubo mil 450, en 2017 sólo se presentaron 464. Esto es, 76 por ciento menos.

Insistió en que 2017, que fue el año más violento, refleja que la violencia no la han generado las fuerzas armadas, y cuestionó que el tráfico de armas de alto poder se intensificó a partir de que Estados Unidos liberó su comercio hace una década, lo que derivó en la proliferación de ventas en México y Centroamérica.

La venta de armas, agregó, provocó que el poder de fuego de las policías fuera superado por el de la delincuencia organizada. Por ello se definió que tendríamos que ayudar y auxiliar a las fuerzas públicas, porque se vieron superadas, no sólo en equipo y adiestramiento, sino también en aspectos éticos, de comisión, porque se vendieron a la delincuencia, declaró.

En este punto, abordó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la relación de las policías con la delincuencia.

Sostuvo: Ahí está un ejemplo, desgraciadamente me duele mencionarlo, la desaparición de 43 jóvenes en Iguala. Coludidos con la policía municipal y otras policías municipales. Es grave esa situación en México y se han tenido que generar acciones por parte del gobierno.

Beltrán Benítez expuso que el Ejército aceptará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las impugnaciones presentadas contra la Ley de Seguridad Interior.

Resaltó que las fuerzas armadas requieren de ese marco normativo que nos dé certeza de cómo servir mejor al pueblo, a las autoridades civiles, porque alguien dejó de hacer su trabajo.

Agregó: La ley no es para el Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. Es una ley de coordinación de todas las autoridades civiles y, en su momento, las militares.