Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Los niveles de violencia contra las mujeres son muy altos, intolerables, y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, ya que la situación se vuelve más grave si consideramos que la mayoría de los homicidios o lesiones quedan en la impunidad, afirmó en el Senado el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al participar en el foro El feminicidio en México: Retos y perspectivas desde la sociedad civil, organizado por el Senado de la República, el ombudsman destacó que a pesar de que en la década reciente se han realizado innegables avances para proteger a las mujeres, la violencia contra ellas lejos de disminuir enfrenta un grave incremento, en su manifestación más extrema y brutal, que es la privación de la vida.

González Pérez manifestó su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres: A la fecha, en algunas regiones o municipios de 29 entidades del país se ha decretado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo cual nos muestra la gravedad de la crisis y la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer cumplir la ley y garantizar la vigencia de derechos para todas las personas.

En su intervención ante senadores, funcionarios del gobierno federal, organizaciones civiles, académicos e investigadores, el presidente de la CNDH presentó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señaló que el documento Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género indica que los homicidios dolosos de mujeres en el país pasaron de mil 755 en 2015 a 2 mil 585 en 2017, un incremento de 47.29 por ciento en sólo dos años.

De esa cifra, detalló, en 2015 se habían calificado de feminicidios 389 casos y pasaron a 671 en 2017, un aumento de 72.49 por ciento.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sostuvo González Pérez, es una herramienta insuficiente para hacer frente a esta realidad que lastima a la sociedad.

Por esta razón, el ombudsman pidió que se hagan modificaciones a esa alerta y sostuvo que se requiere voluntad política y capacitación de quienes están en las fiscalías para que la persecución de los delitos contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género.

También planteó revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la finalidad de aclarar los plazos de la alerta de género en sus distintas fases; regular en la ley y su reglamento que tanto el Poder Judicial como el Legislativo y los gobiernos municipales sean interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida.

Además, ampliar la convocatoria cuando un procedimiento esté por iniciar y se propicie que más académicos puedan participar y fortalecer, ampliar y asegurar la entrega de recursos etiquetados para las alertas, con la finalidad de que los gobernantes la acepten como una tarea de responsabilidad y no como un castigo o cacería de brujas a gobiernos locales.

La senadora Lucero Saldaña presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que plantea imponer una pena de 75 años de cárcel a quien cometa feminicidio, delito que propuso sea considerado imprescriptible.