Hermann Bellinghausen

Ante representantes del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), los pueblos originarios del valle de México y los llamados residentes o migrantes unificaron sus reclamos. Esto, cuando los representantes de comunidades, pueblos y barrios denunciaron que la Constitución de Ciudad de México (CDMX), expedida por el gobierno de Miguel Ángel Mancera el 5 de febrero de 2017, es de corte neoliberal, encaminada a despojar a los pueblos de sus territorios ancestrales, pues establece como uno de sus principios rectores el respeto a la propiedad privada por encima de la propiedad comunal y desconoce los derechos agrarios de los pueblos.

Esto ocurrió el pasado martes en el Museo Nacional de las Culturas, en el contexto de la visita de Erika Yamada y Kristen Carpenter, integrantes del Mecanismo de Expertos.

Los pueblos locales, todos nahuas, organizados en la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México (AAPCM), rebasaron el recinto designado para el acto por las autoridades capitalinas, y la reunión se trasladó al patio central. Ahí manifestaron: La Constitución Política de CDMX es la evidencia de que el Estado mexicano no respeta la ley ni los derechos colectivos de los pueblos. Se encuentra viciada de origen al reservarse el Presidente, el Congreso de la Unión y el jefe de Gobierno de CDMX el nombramiento de 40 diputados de cien”. Además, rompe el pacto federal y desconoce los derechos agrarios de los pueblos.

Señalaron que 13 artículos de la Constitución local permiten la apropiación de sus tierras comunales por parte del Estado e inversionistas privados. El texto constitucional privilegia la propiedad privada por encima de la comunal y establece un organismo para determinar el uso y destino de las tierras de la entidad, incluyendo nuestras tierras comunales.

Ante la sorpresa de los representantes triquis, mazahuas, otomíes y de otros pueblos del país, habitantes de CDMX, los pueblos que poseen territorio fueron a fondo: Estamos combatiendo esa Constitución neoliberal en las cortes internacionales, y seguiremos combatiendo leyes injustas y exigiendo el respeto a nuestros derechos colectivos y una nueva relación con el Estado, que se sustente en el reconocimiento de que somos dueños de más de la mitad del territorio de CDMX. Ahora caminamos hermanados para el reconocimiento y respeto de nuestros derechos.

De 23 oradores, 21 manifestaron críticas, o de plano rechazo, al ordenamiento legal. Reiteraron que la Constitución local representaría un grave retroceso y una violación al artículo 27 de la Constitución federal, que reconoce a los pueblos la facultad de determinar el uso y destino de sus aguas, tierras y montes. El ordenamiento aprobado por la Asamblea Constituyente otorga esa facultad a una instancia de gobierno sin la participación de los pueblos.

Ante las irregularidades denunciadas, los representantes indígenas exigieron la reposición total del proceso, en apego a la legislación federal e internacional en materia de derechos y cultura indígenas, como única vía de legitimación de la Constitución.

La brasileña Erica Yamada, representante de la ONU, destacó el hambre de los pueblos para expresar sus reclamos. Encontró una clara falta de diálogo y tomó nota de que el proceso constitucional está lleno de irregularidades.

Los pueblos originarios de la ciudad coincidieron con los indígenas residentes en que, mediante organismos como la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) y el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios, creado por decreto en 2007, se pretende suplantar a las verdaderas representaciones de los pueblos electas en asambleas. Los organismos oficiales han servido para dividir y echarnos a pelear, al establecer las categorías de originarios y residentes, para debilitarnos e imponer políticas para el despojo de territorios y culturas.