Alonso Urrutia

Funcionarios de entidades caracterizadas por la violencia han repensado sus planes

Proscrita durante décadas, la relección de diputados locales y alcaldes retorna de forma masiva a partir de julio próximo. Aun con las suspicacias de un sistema político que no ha desterrado las injerencias gubernamentales, que podrían profundizarse por involucrar a quienes buscan repetir en el encargo, decenas de presidentes municipales y diputados han expresado ya su intención de postularse para conservar el cargo que ahora ocupan.

Con el argumento de que la relección favorecería mayor rendición de cuentas, alentaría un mayor compromiso con el electorado y la profesionalización legislativa, se impusieron candados a la relección para salvaguar el control partidista sobre espacios conquistados. Incluso prohíbe que puedan buscarla de forma independiente para preservar esos controles:

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los institutos políticos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, estipula el artículo 59 constitucional, reformado y reproducido en las constituciones locales.

Sin vigencia a escalas federal y capitalina –operará a partir de quienes sean electos en 2018–, la agitación por esta nueva figura resucitada en la más reciente reforma electoral se ha desatado en los estados donde operará a partir de estos comicios, si bien hubo una primera experiencia en Nayarit en 2017.

La efervescencia de quienes buscan relegirse se acentúa en algunas entidades: en el estado de México, la tercera parte de los alcaldes buscan repetir el encargo; en Michoacán, las dos terceras partes de los legisladores pugnan por seguir en el Congreso, lo que contrasta con otras entidades como Tamaulipas –caracterizada por la violencia–, donde la inquietud por relegirse en las alcaldías es casi nula.

Aunque las legislaciones locales contemplan la figura, sus alcances son diversos, derivados de la reforma constitucional de 2013, que estipula que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos (12 años) y los diputados por cuatro (12 años, también), situación que se traslada a las leyes estatales, en donde en gran parte se permiten cuatro periodos a los diputados, pero sólo dos a los alcaldes, si bien en algunos casos es por 12 años.

Además, estipulan diversas restricciones respecto del registro: algunas obligan a retirarse 90 días antes de la elección en ambos cargos (diputados y alcaldes); en otros sólo los alcaldes deberán solicitar permiso y algunas obligan a remitir una carta de intención de relegirse.

La ambigüedad de legislaciones motivó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del caso Yucatán –que motivó una acción de inconstitucionalidad de Morena–, en donde se establecía que los diputados que buscaran la relección no deberían pedir licencia, con excepción del presidente de la junta de gobierno. Los ministros avalaron que ningún diputado se retirara del cargo para buscar la relección. En el caso de los alcaldes, gran parte de los estados obligan al permiso.

La principal suspicacia para quienes buscan repetir el encargo –particularmente en las alcaldías– es el uso y abuso de los recursos públicos, la injerencia gubernamental y la utilización de programas sociales en favor de quien pugna por repetir como edil, aun cuando tenga licencia al momento de la elección. Contener estas trasgresiones deberá ampararse en la aplicación del artículo 134 constitucional, algo que para la oposición no ha podido lograrse aún.

Agitación en los estados

El activismo en pos de la relección tiene diferencias acentuadas en vísperas de que se decidan las candidaturas, pues en algunos casos los partidos han impuesto restricciones a sus alcaldes para repetir.

En Aguascalientes, más de dos terceras partes de los diputados locales buscan relegirse, si bien se estima que menos de la mitad logre la postulación; en Baja California Sur, 21 políticos han remitido su intención de repetir, entre ellos los alcaldes de Los Cabos –donde se ha recrudecido la violencia– y Loreto, así como 19 diputados; en Campeche, el PRI no avaló la relección de sus alcaldes.

La situación en Chihuahua revela la peculiaridad de quienes llegaron de forma independiente: los alcaldes de Ciudad Juárez y Parral buscarán la relección por esa misma vía, la única que les permite la ley, pues no pueden buscarla por un partido (situación similar en todos los estados); en Coahuila, los ediles de las principales ciudades (Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras) han anunciado que buscarán repetir.

En el estado de México, salvo Morena, de todos los partidos buscarán relegirse, incluidos algunos municipios importantes: Toluca, Huixquilucan, Nezahualcoyotl, Atizapán forman parte de los 45 de 125 alcaldes que pretenden hacerlo; en Guanajuato, hasta ahora sólo algunos alcaldes panistas (Silao y San Miguel Allende, entre otros) han anunciado su intención.

En Guerrero, el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez, pidió permiso para buscar la relección, pero se arrepintió y revocó su licencia. En Michoacán, la gran mayoría de diputados y alcaldes pretende repetir, incluido el edil independiente de Morelia, Alfonso Martínez.

En Sinaloa 10 alcaldes y seis diputados priístas solicitaron licencia para buscar postularse en los próximos comicios, ente ellos los de Culiacán y Mazatlán. En Sonora, el munícipe priísta de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, pretende repetir en el cargo. En Tlaxcala, al menos 14 diputados contenderán nuevamente.