Rubén Villalpando

La caravana que impulsa el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es una cortina de humo para quitarle los reflectores a la participación de funcionarios de su gobierno y de destacados militantes del PAN en el asesinato de Miroslava Breach Velducea, quien era corresponsal. Ellos la pusieron, afirmó Isela Torres Hernández, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local.

Por esa razón, Corral Jurado se enoja cuando es cuestionado sobre la participación de esos políticos y sobre la carpeta de investigación donde se les involucra como las personas que entregaron al grupo delincuencial Los Salazar, ligados al cártel de Sinaloa, las grabaciones de unas llamadas que los propios panistas hicieron a la periodista.

La legisladora recordó que de acuerdo con dos grabaciones presentadas el 29 de diciembre pasado en el juicio de vinculación a proceso del Ministerio Público (MP) contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, jefe de sicarios de la célula de Los Salazar, se definió que el ex edil de Chínipas el panista Hugo Schultz Alcaraz; el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, y José Luévano, secretario del PAN en esa fecha y actual secretario particular del gobernador, entregaron a los narcos homicidas las grabaciones (sin informar a Miroslava) que sirvieron de base para matar a la corresponsal de La Jornada.

A pesar de la evidencia y de que durante el juicio fueron presentados como testigos protegidos por el MP, la Fiscalía General del Estado justificó la actuación de los testigos del PAN, a los que les cambio el estatus jurídico a personas con identidad reservada, y los identifica con los sobrenombres de Bobby, al ex edil, y Casio, al vocero, y aparecen en la causa penal 1903/2017 como las personas que grabaron las llamadas que ellos mismos hicieron a la corresponsal de La Jornada y que después entregaron a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, jefe de sicarios del grupo Los Salazar de Chínipas, lo que derivó en el asesinato de Miroslava Breach.