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SEGUNDA JORNADA POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA


 

 

Julio Reyna Quiroz

Max Diener Sala, procurador fiscal de la Federación; Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda, y Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, ofrecieron una conferencia sobre el caso Corral.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de extorsionar para obtener recursos económicos que no le corresponden, y anunció que no firmará ningún convenio sobre entrega de dinero extraordinario con las entidades federativas hasta que no se resuelva la controversia constitucional que, eventualmente, interponga el gobierno de esa entidad sobre la licitud y viabilidad de este tipo de acuerdos.

No se trata de pelear recursos, sino de lo que corresponde a la ley; no se puede extorsionar a la secretaría por recursos, sino ceñirnos a las legislaciones, aseveró ayer la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, durante una conferencia de prensa en la cual explicó nuevamente el proceso técnico de la entrega de recursos federales extraordinarios a las entidades.

La funcionaria expresó que la dependencia ha dejado en claro cuáles son los recursos que corresponden por ley a cada entidad, pero también aseveró que aquellos dineros federales que no corresponden, no se pueden politizar. La SHCP es institucional y se rige conforme a las leyes aplicables, agregó.

En la conferencia, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, rechazó la interpretación sesgada del gobernador Corral sobre la entrega de recursos federales extraordinarios, cuyo tema, dijo, es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

El funcionario reiteró que hubo recursos que no fueron entregados al gobierno de Chihuahua debido a que una cuenta bancaria, mediante la cual se realizaría la transferencia, no estuvo disponible en diciembre pasado.

Sin embargo, reconoció que otros recursos no fueron transferidos por una insuficiencia presupuestaria y que debían canalizarse para el saneamiento de las finanzas de Chihuahua, como pago a proveedores y aguinaldos. Ese dinero ya no puede ser entregado debido a la vigencia anual del presupuesto, que concluyó en diciembre pasado, explicó Galindo.

Indicó que la SHCP no ha condicionado la entrega de recursos al gobierno de Chihuahua, y aseguró que la dependencia ha cumplido con los ciudadanos de esa entidad.

El subsecretario Galindo recordó que en 2017 la SHCP transfirió a Chihuahua, en tiempo y forma, todos los recursos que por ley le correspondieron. Detalló la entrega de 43 mil 56 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales, una cantidad que significó un monto superior en 2 mil millones en relación con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Agregó que en 2018 el gobierno de aquella entidad recibirá 3 mil millones de pesos adicionales a los que se entregaron el año pasado.

Galindo reiteró que la entrega de recursos a todas las entidades estuvo bajo la vigilancia de una comisión de funcionarios fiscales, que está integrada por los secretarios de Finanzas de los estados y cuya presidencia se encuentra en manos del gobierno de Baja California Sur, la cual validó las transferencias.

El subsecretario mencionó que los recursos a los que se refiere el gobernador Corral, que acusa no haberlos recibido, son partidas extraordinarias solicitadas al gobierno federal y proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En cuatro convenios firmados por el gobierno de Chihuahua y el federal, en dos de ellos no hubo disponibilidad financiera, por lo cual no fueron entregados 735.3 millones de pesos que debían ser gastados para el saneamiento de las finanzas locales.

En otro convenio, por 44.8 millones, la transferencia no se realizó porque la cuenta bancaria abierta por el gobierno de Chihuahua fue validada hasta los primeros días de enero.

El subsecretario adelantó que la SHCP no firmará los convenios para la entrega de recursos extraordinarios a las entidades durante este año, hasta que no se resuelva, primero, la revisión judicial o la controversia constitucional que el gobierno de Chihuahua anunció que interpondrá sobre la licitud y viabilidad de este tipo de acuerdos.

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