Emir Olivares Alonso

Los llamados nacionales e internacionales contra la Ley de Seguridad Interior recaen ahora sobre el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y Amnistía Internacional (AI) exhortaron al mandatario mexicano a vetar dicha ley, al considerar que representa un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales.

Mediante un comunicado, la ONU-DH subrayó que Peña Nieto tiene la posibilidad de materializar su propio llamado (para ampliar el diálogo en torno a la norma) y evitar su entrada en vigor. El Presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la CNDH y otros actores, y realizar observaciones al proyecto de ley.

En caso de que el mandatario no atienda esos llamados, y la ley se promulgue, el organismo internacional alentó a los actores legitimados a interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

La ONU-DH reiteró su desaprobación a la entrada en vigor de esta nueva norma, que consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país. Lamentó que el Congreso la aprobara la semana pasada sin un debate real sobre su necesidad y contenido, pese al inédito consenso nacional e internacional en contra.

El organismo reiteró la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.

Acciones a tomar

El ombudsman nacional enfatizó que si Peña Nieto desoye los exhortos que se han expresado en distintos sectores nacionales e internacionales para vetar la ley, la CNDH hará uso de su atribución constitucional e interpondría ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad.

En entrevista tras la presentación de un informe sobre migración, dijo que el organismo a su cargo sí escuchará las voces de todos los sectores –no como evitó hacerlo el Congreso– con el propósito de ofrecer argumentos para la inconstitucionalidad.

Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado, nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Iberoamericana y la de Guadalajara, así como varias organizaciones de la sociedad civil.

Planteó que el tema de la seguridad en el país no se agota en una ley. Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad. Lo que buscamos es tener un espacio más amplio para construir esta norma, como se hizo con la de personas desaparecidas: de la mano de la sociedad.

El secretario general de AI, Salil Shetty, envió una carta al mandatario mexicano en la que manifestó su preocupación por esta normativa, que aumentará las violaciones a los derechos humanos, dijo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, y que sólo regulariza una estrategia de seguridad que en 10 años ha demostrado su fracaso.