Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo que hay una bolsa de aproximadamente 470 millones de pesos para echar a andar, en una primera etapa, la ley de desaparecidos.

Ese monto será para fortalecer los sistemas informáticos de las distintas bases de datos de personas no localizadas, tanto a escala federal como en los estados. Todas las bases de datos forenses, de fosas comunes, registros de ADN, de cárceles, entre otros, para facilitar la búsqueda con vida y sin vida de personas no localizadas o desaparecidas.

Por ello, agregó, se reforzará la plataforma informática y se darán recursos a las comisiones de búsqueda estatales. El dinero se concentrará básicamente en Gobernación, responsable de la operación del nuevo entramado nacional de búsqueda.

El funcionario fue entrevistado al término de la ceremonia de promulgación de la ley general de desapariciones, que no fue abierta a la prensa porque, comentó Campa, el acto fue calificado de reunión de trabajo con víctimas, por eso el formato que se convino fue cerrado.

La ley tiene un plazo de dos meses para entrar en vigor. Son cuatrocientos setenta y tantos millones para búsqueda y vamos a procurar que se apoyen las tareas de investigación una vez que se distribuyan los recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad, con el propósito de fortalecer la investigación en las fiscalías, explicó.