El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la reforma policial debe asumirse como una prioridad para el Estado mexicano. Postergar su discusión y definición tiene como precio el que no se garanticen niveles mínimos de seguridad para las personas y su patrimonio, que no se abata la violencia y que se continúe minando la confianza de la sociedad en las instituciones y su credibilidad.

Al participar en el sexto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, organizado por la agrupación Causa en Común, el ombudsman nacional indicó que el proceso de esta reforma debe emprenderse de manera realista, objetiva, integral e informada, lejos de posturas extremas o dogmáticas.

Agregó que cualquier política pública que se quiera adoptar en materia de seguridad y justicia tendrá un alcance y efectos limitados si no contempla la definición del modelo policial que el país requiere, así como la dignificación y revaloración del papel de los policías en la sociedad, y de los términos y condiciones en que prestan sus servicios.

En México tenemos muchas policías, que conviven e interactúan sin contar con las capacidades y recursos suficientes y necesarios para asumir con éxito sus tareas constitucionales en materia de seguridad pública, careciendo, de igual forma, de un marco institucional y normativo pertinente para coordinar y hacer eficiente su actuación.

Lamentó que en lugar de dar prioridad a la reforma relativa a las policías, la cual es un requisito para hacer vigente lo previsto por la Constitución, el Poder Legislativo ha asumido con carácter prioritario la discusión de una ley de seguridad interior, que abre la puerta para que la vía de la participación militar en la seguridad de las personas deje de ser vista como un recurso provisional y extraordinario para ser una cuestión permanente y ordinaria, “aunque ello implicara, en la práctica, dejar de lado postulados como el artículo 21 constitucional.

En la ceremonia de clausura del foro, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, señaló que el Congreso se ha quedado corto en materia de prevención del delito. Llegamos a tener más de 2 mil millones de pesos para ejercer en este rubro, y ahora se aprobaron 300 (millones) para todo el país. Esto no alcanza ni para la capital, menos para todo el país.

Agregó que hay mucho por revisar en materia de seguridad. Dos pendientes son el nuevo sistema de justicia penal, donde llamó a aprovechar los nichos para una mejor aplicación, así como el despoblamiento de las cárceles, el cual está bien, pero ¿cuál es nuestra acción en materia de prevención? ¿Cuál es el estado de bienestar? ¿Cómo vamos a contrarrestar el hecho de que haya más personas en libertad?

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, destacó los esfuerzos del gobierno mexicano para profesionalizar a la fuerzas policiacas en todos niveles.

Bajo la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos trabaja con el de México para estandarizar la capacitación de policías en apego al programa rector de profesionalización. Asimismo, apoyamos para lograr su objetivo de que todos los agentes sean certificados, dijo.