David Rodríguez

La instauración del nuevo sistema de justicia penal, que lleva poco más de un año, es una preocupación que alcanza a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, de la Procuraduría General de la República (PGR), Rommel Moreno Manjarrez, este pendiente se refleja cuando los elementos castrenses fungen como primer respondiente al momento de custodiar una escena del crimen.

El funcionario insistió en que existe un miedo intrínseco que parte desde la aplicación del sistema mixto, que data desde la Inquisición o las Cruzadas.

“El temor de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada lo es también de los militares. Estoy hablando del primer respondiente, hay un temor fundado de la Sedena, de la Semar, sobre qué va a pasar con este código nacional, es decir, en paralelo tenemos una ley interior que tampoco se ha destrabado, pero me parece que es un ejercicio que en breve se dará.

“Por tanto, el miedo está en los soldados mexicanos, en los abogados postulantes, en los asesores victimales, en los defensores públicos y privados, en los jueces, en los ministerios públicos y en la sociedad, porque esta última ha sido trastocada por la cantidad de falencias, comentó el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio.

Durante sus conclusiones en el congreso Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia Penal, Moreno Manjarrez reconoció que la credibilidad de la PGR y de las procuradurías locales no es la mejor ante la ciudadanía, por lo que invitó a diluir los miedos en la aplicación del nuevo sistema penal.

Agregó que contar con un código penal único permitirá entender la inseguridad en los estados de la República, así como de combatir a la delincuencia organizada, que se ha convertido en un fenómeno trasnacional.

Finalmente, mencionó que hasta el 30 de septiembre de este año se han iniciado 131 mil 500 carpetas de investigación, de las cuales 0.24 por ciento se han resuelto en un juicio oral, al privilegiarse mecanismos alternativos, juicios abreviados y la reparación del daño.