Alonso Urrutia

Juan Manuel Portal, Lorenzo Córdova y Arely Gómez, entre otros, en el seminario.

La corrupción e impunidad que se ha alcanzado en México han contribuido a minar la credibilidad y la legitimidad de la democracia. No basta con la creación de nuevas instituciones y leyes anticorrupción, pues lo que se requiere son resultados para erradicar estas prácticas que generan descrédito social, se planteó durante la inauguración del seminario Poder, corrupción e impunidad, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jaqueline Peschard, advirtió que entre los obstáculos para un efectivo combate a la corrupción destacan la debilidad del sistema judicial y ‘‘el pacto de impunidad entre los actores políticos. No se trata sólo de Javier Duarte o Eugenio Hernández, sino la red de complicidades que rodea a estos actores. Es decir, la corrupción no se concentra en una persona, sino en una estructura mucho más compleja’’.

Riesgos para 2018

Peschard alertó sobre los riesgos para las eleciones de 2018, pues gran parte de la desviación de recursos públicos suelen terminar en las campañas políticas. Destacó que ahora la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha identificado que muchas de las irregularidades que investiga tienen como origen la corrupción. Por eso, habló de la necesidad de un acompañamiento desde el SNA al Instituto Nacional Electoral (INE) para la fiscalización del gasto de campaña.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseveró que ‘‘nada ha dañado más a las expectativas fincadas en la democracia como la corrupción asociada al ejercicio del poder y la impunidad. Son prácticas que corroen a la sociedad mermando la convivencia y la cohesión social’’, ubicando al país en el nivel de incidencia de corrupción más elevado de América Latina.

Córdova refirió que gran parte de los casos de corrupción que han salido a la luz fueron a partir de gobiernos de alternancia, si bien no exactamente por un ánimo persecutorio de las nuevas administraciones, pero es un factor que alienta la rendición de cuentas.

A su vez, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, reconoció que México tiene el índice más elevado de incidencia de corrupción. Tras subrayar las acciones gubernamentales para crear un sistema que enfrente eficazmente este problema, advirtió que la peor cara de estas prácticas es aquella que incide en la violacion de derechos humanos.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, reivindicó la importancia de avanzar en la transparencia, no porque por sí misma ésta elimine las corruptelas, sino que al desnudar sus alcances y su incidencia permite contribuir a inhibir a futuro estas acciones.

Benjamín Temkin, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo que una de las vertientes más importantes de la corrupción se asocia a las expresiones de la economía informal, la cual a su vez es alentada por la pobreza y desigualdad social que prevalece en México.

En su oportunidad, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, subrayó el reto que se ha enfrentado en la construcción de los sistemas estatales anticorrupción, particularmente porque se ha pretendido acotar la participación de la sociedad civil para sustituirla por personas asociadas a los canales oficiales.

‘‘Debemos estar en guardia para que el SNA no se vea sujeto a este tipo de presiones que en último término mermen su credibilidad o lleguen, en casos extremos, a copar su actuación en favor de intereses personales o de grupo’’, dijo.