Roberto Garduño y Enrique Méndez

Familiares de desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto publicar lo más pronto posible la Ley General de Desaparición Forzada y a la Cámara de Diputados aprobar un presupuesto suficiente para su operación.

‘‘Si quiere apoyar a las familias de las víctimas publique la ley ya, presidente Peña. Mañana mismo (viernes). Pase a la historia al hacer algo frente al problema que se agudizó en su sexenio’’, dijo Yolanda Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en diciembre de 2008, en Torreón.

Después de que la Cámara de Diputados avaló ayer la minuta del Senado con la ley, madres de desaparecidos ofrecieron una declaración en el vestíbulo del recinto parlamentario. Ahí, gritaron: ‘‘¡Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables!’’

Yolanda Morán expresó que las familias saludan la aprobación de la legislación, como herramienta para enfrentar la grave crisis de desaparición forzada e impunidad en México.

En la lectura de un documento conjunto del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, indicó que la sociedad civil propuso el contenido fundamental de la ley, que –abundó– reconoce y sanciona los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, promueve investigaciones exhaustivas y establece mejores condiciones ‘‘para acercarnos a la verdad, la justicia, el castigo a los culpables, y para romper los patrones crónicos de impunidad que envuelven esta práctica atroz.

Ahora, insistió, lo importante es que la Cámara de Diputados dote a la ley de presupuesto para hacerla operativa. ‘‘Le pediremos al Estado mexicano que se haga responsable de sacar adelante operativamente esta ley. A los diputados les insistiremos en que la provean de presupuesto suficiente’’, afirmó.

Heidi Orozco, quien busca a su hermano Jesmir, desaparecido en Tamaulipas dese 2010, inició su intervención con la voz entrecortada. ‘‘Vengo de Guatemala. Perdón porque se me quiebra la voz, pero el sentimiento siempre me falla’’, dijo.

También resaltó que el Ejecutivo tiene la oportunidad histórica de responder a decenas de miles de familias que no pueden esperar más y pidió el compromiso presidencial para que su administración defina las bases para el pleno cumplimiento de la ley.

‘‘El camino apenas comienza. La aprobación es un paso más y la implementación será un reto. Por eso, exigimos reconocer nuestra experiencia y asegurar nuestra participación en cada momento. Sin las familias no podrá darse una implementación efectiva y legítima de la ley’’, expuso al continuar por su parte la lectura del pronunciamiento.

Después de escuchar las demandas de las familias, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que su bancada ‘‘está más que comprometida en aprobar el presupuesto para la ley. Las cifras son claras, tenemos datos de qué se debe conseguir y a eso nos dedicaremos’’.