Armando G. Tejeda

Cita a ministros para analizar si aplica el 155 constitucional

Mariano Rajoy, preside hoy el consejo de ministros

Partidarios de la Independencia de Cataluña se concentraron ayer en Barcelona

El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, cuya administración calificó de inadmisible e inaceptable el desafío lanzado ayer por el mandatario catalán, Carles Puigdemont, de abrir un espacio de diálogo que culmine en la independencia de Cataluña, convocó para este miércoles a sesión extraordinaria del consejo de ministros para definir una estrategia frente a la región secesionista.

Además, Rajoy se reunió con los líderes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y del derechista Ciudadanos, Albert Rivera. Medios de prensa españoles no descartan que se aplique el artículo 155 constitucional, que, indicó Europa Press, regula los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la región al cumplimiento forzoso de sus deberes.

Tampoco se desecha la posibilidad de que Madrid decrete un estado de excepción si el Ejecutivo determina que pueden producirse altercados o graves disturbios del orden público.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en comparecencia ante la prensa de sólo dos minutos, en la que no aceptó preguntas, consideró que el discurso pronunciado por Puigdemont sitúa a la región en el mayor nivel de incertidumbre de su historia, al anunciar la celebración este miércoles del consejo de ministros. Tampoco puede imponer una mediación. El diálogo tiene que ser entre demócratas, respetando las reglas del juego.

Desde el gobierno español se puso en marcha la maquinaria para responder con contundencia al movimiento separatista. El Ejecutivo español indicó que estudiaría el documento que se firmó en el salón contiguo al hemiciclo del Parlamento catalán, que no fue sometido a votación y en el que se declaró la independencia unilateral.

Rajoy presidirá el consejo de ministros y se prevé que comparezca en el Congreso de los Diputados por la tarde y a petición propia. Ahí anunciará las medidas que adoptará en coordinación con Ciudadanos y el PSOE. El primero le reclama que aplique sin excusas el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía y convocar a elecciones anticipadas; y el segundo aún tiene abierta la vía del diálogo, pero es partidario de apoyar al gobierno por su compromiso con el Estado.

En todo caso, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría señaló en su intervención ante la prensa que Carles Puigdemont ha sumido a la comunidad autónoma en el mayor nivel de incertidumbre. Y el gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referendo porque está suspendida por el Constitucional. La Generalitat no puede exhibir los resultados del primero de octubre porque fue un acto ilegal y sin garantías.

El líder socialista Pedro Sánchez se reunió con el mandatario español, en visita nocturna, al igual que Albert Rivera, quien insistió en que lo ocurrido fue la constatación de un golpe de Estado.

El vocero del PSOE, José Luis Ábalos, señaló que la intervención de Puigdemont supone una decepción para todos por la gravedad de la situación y porque no sabemos exactamente ni cómo valorar ni cómo interpretar lo dicho. Y en esa poca claridad a lo mejor se esconde la verdadera naturaleza de su intervención.

En tanto, el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, felicitó al mandatario catalán, cuya sensatez destacó, porque no ha declarado hoy la independencia, y pidió a Rajoy dialogar con Puigdemont.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se felicitó de que se abriera una etapa de diálogo.

Las tres asociaciones de fiscales –que agrupan a juristas de todas las tendencias– señalaron que tristemente se ha consumado el golpe al estado de derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos y se ha fracturado el orden constitucional básico para una pacífica convivencia. Queremos y debemos reafirmar, hoy más que nunca, nuestro compromiso, de forma serena pero firme, con las funciones que el ordenamiento constitucional nos atribuye, en defensa del estado de derecho y de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como al principio de legalidad.