Enrique Méndez y Roberto Garduño

La Cámara de Diputados recibió ayer la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto con objeto de regular la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), mediante una reforma a la fracción primera del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

La mesa directiva en San Lázaro, encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín, remitió el texto a la Comisión de Desarrollo Social. La iniciativa presidencial define a la ENI como el mecanismo de coordinación de las políticas y programas públicos de los tres órdenes de gobierno, cuya finalidad será contribuir al acceso de los derechos sociales y a la disminución de carencias que inciden sobre las condiciones de vida de las personas.

Con ella se construirá ‘‘el andamiaje jurídico que dé certeza y continuidad a una política social incluyente y de nueva generación. Su implementación deberá propiciar condiciones que garanticen el disfrute de derechos sociales, asegurando el acceso a programas en materia de desarrollo social’’.

Así, el ENI hará coincidir a las dependencias y entidades federales, gobiernos de las entidades federativas y municipios, tomando como referencia los indicadores de pobreza multidimensional del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La reforma al artículo quinto de la citada ley considera a la Estrategia Nacional de Inclusión como ‘‘mecanismo de coordinación de las políticas y programas públicos de los tres órdenes de gobierno, cuyo objetivo general es contribuir al acceso de los derechos sociales y a la disminución eficiente y efectiva de las carencias que inciden sobre las condiciones de vida de las personas y el ejercicio de los derechos para el desarrollo social’’.

Ese instrumento promoverá la participación de los actores institucionales en los esfuerzos de desarrollo social, así como en el diseño e implementación de acciones dirigidas al abatimiento de carencias y a mejorar el ingreso de la población.