José Antonio Román

Organizaciones civiles y activistas denunciaron un incremento en la violencia contra defensores de los derechos humanos de los migrantes, agresiones cometidas muchas veces en complicidad con agentes del Estado y de empresas de seguridad privada en la ruta hacia Estados Unidos.

Señalaron que estas agresiones se dan como parte de la política de contención y persecución de migrantes ejecutada desde hace varios años por el gobierno mexicano, misma que ahora ha alcanzado a las personas que les asisten de manera humanitaria y los defienden.

En conferencia de prensa, Diana Muñoz, de La 72 Hogar Refugio de Migrantes, de Tabasco; Martín Martínez y Ana María Ugalde, de la Estancia del Migrante en Tequisquiapan, Querétaro, narraron una serie de amenazas, hostigamientos y criminalización de las que son objeto por parte de gobiernos y empresas privadas de seguridad.

A su vez, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, informó que la organización ha documentado al menos 13 casos de agresiones relacionadas con personas defensoras de migrantes en los meses recientes.

Dijo que esta situación ha obligado a la red a emitir una alerta sobre la situación que viven estos activistas. Dijo que la incapacidad de las autoridades para erradicar la violencia contra migrantes y personas defensoras ha incrementado estos actos de violencia y ha abonado también a un clima de impunidad donde gobiernos y cuerpos de seguridad de las empresas actúan libremente.

Finalmente, Martín Martínez, de la Estancia de Ayuda a Migrantes, ubicada en Tequisquiapan, Querétaro, denunció que la empresa Ferromex, a quien le han concesionado trenes y vías ferroviarias, ha contratado empresas de seguridad privada para custodiar tramos de la ruta, pero han asumido políticas abiertamente agresivas contra los migrantes y ahora contra los defensores de estas personas.