Jesús Aranda

Esos ilícitos han incrementado su impacto social y económico en el país

De 1997 a la fecha aumentaron 400 por ciento los delitos dolosos por arma de fuego

Toda estrategia es perfectible

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, sostuvo ayer que ‘‘no hay que tenerle miedo a las adecuaciones del nuevo sistema de justicia’’ y se manifestó en favor de que los delitos de acopio y uso de armas, así como robo de hidrocarburos, sean merecedores de la prisión preventiva oficiosa, debido a su incremento y a su impacto social y económico para el país.

Al hablar en el primer Simposio Nacional de Ciencias Forenses, Vizcaíno comentó que de 1997 a la fecha los homicidios dolosos por arma de fuego se incrementaron 400 por ciento, en tanto que la cantidad de impuestos que dejó de percibir el erario el año pasado por el robo de hidrocarburos superó los 20 mil millones de pesos.

Sobre las críticas vertidas al nuevo sistema de justicia penal con el argumento de que ‘‘deja libres a delincuentes peligrosos’’ que portan armas de fuego –al permitirles seguir su proceso bajo fianza–, el funcionario indicó que todo sistema penal es ‘‘perfectible’’ y reconoció que se debe evitar que las personas detenidas por el motivo mencionado queden libres, porque –dijo– en la mayoría de los casos quienes portan armas están relacionados de manera transversal con la comisión de delitos.

Sin embargo, aseveró que la prisión preventiva debe ser provisional en tanto las unidades de medidas cautelares –organismos encargados de argumentar ante los jueces sobre la posible peligrosidad de un procesado para que no tenga el beneficio de la libertad bajo caución– se profesionalicen y trabajen como deben funcionar.

 

Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaFoto José Antonio López /Archivo

Vizcaíno rechazó que el nuevo sistema de justicia esté fallando; al contrario, aseguró ante peritos forenses de todo el país y representantes de las agencias estadunidenses acreditadas en México, aunque aceptó que aún queda mucho camino por delante en materia de capacitación de los operadores del nuevo sistema (policías, agentes del Ministerio Público, peritos, jueces), equipo y en el uso eficiente de los recursos públicos.

El sistema es más transparente; por primera vez los jueces están presentes en todas las audiencias y los tiempos de resolución de los asuntos es más corto. En este contexto dijo que en el año 2006 los procesos tardaban en resolverse 263 días en el fuero federal y 185 en el local, siendo que actualmente 77 por ciento de los asuntos se dictamina en menos de 30 días gracias a sistemas alternativos de solución de controversias, con lo que se garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño.

Sin citarlas por su nombre dijo que mientras hay entidades que aprovechan los 7 mil millones de pesos del presupuesto federal para capacitación y equipamiento, éstas son las menos. Comentó que debe evitarse que el sistema penal se convierta en ‘‘puerta giratoria’’ que permita que delincuentes salgan de prisión. Comentó que hay entidades en las que 80 por ciento de los homicidios dolosos son por arma de fuego y en otras es de sólo 5 por ciento; en Europa el promedio ronda 12 por ciento, concluyó.