Fabiola Martínez

El subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián, durante una reunión con representantes de colectivos civiles llevada a cabo en el Claustro de Sor Juana José Antonio López

Un colectivo de organizaciones civiles advirtió sobre la ‘‘incapacidad de reacción’’ del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación (SG) y representantes de la sociedad civil. El entramado fue calificado de ‘‘parche reactivo’’ ante la diversidad de formas de violencia e impunidad.

‘‘Es necesario generar una política pública que permita una reacción más amplia y compleja, así como más iniciativas de coordinación a distintos niveles del Estado, que no constituyan una débil reacción paliativa, sino coadyuven a crear un ambiente libre de violencia’’, se indica en el tercer informe del colectivo Espacio-OSC.

El texto incluye propuestas para instancias gubernamentales y civiles de la junta de gobierno del mecanismo, así como a dependencias federales. Se incluyen datos de diversas fuentes que evidencian el creciente número de agresiones y asesinatos de comunicadores y defensores desde la creación del mecanismo, en 2012.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debería de ser una pieza de un andamiaje más completo e integral, construido a través de una política pública de prevención y no sólo ‘‘un parche reactivo’’ en un entorno que desampara e incluso sanciona el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender garantías, se advierte en el texto titulado ‘‘La deuda del Estado mexicano’’.

Con base en la presentación de testimonios de beneficiarios del mecanismo fueron señaladas las deficiencias, con especial preocupación en la red burocrática que deben enfrentar las víctimas, así como las rendijas o descuidos en la protección a la intimidad de los beneficiarios.

El informe incluye datos específicos de algunos sucesos, como el homicidio de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada. A la periodista, asesinada el 23 de marzo pasado, se le recuerda como una voz fundamental para dar a conocer violaciones de derechos humanos en Chihuahua.

Ella daba seguimiento a los enfrentamientos que sostienen bandas del crimen organizado en la sierra de Chihuahua y se involucraba en asuntos respecto de la lucha de territorios en la sierra Tarahumara. A pesar de la gravedad de éste y otros casos, no se han puesto en marcha planes de contingencia a nivel local.

El subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, dijo que de los periodistas asesinados este año ninguno estaba en el mecanismo. Ello no es justificación, aclaró, pero el punto es central para llamar a medios, periodistas y defensores de derechos a informar de cualquier situación de riesgo y permitir el apoyo.

‘‘El gobierno reconoce la grave situación de violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos’’, señaló el funcionario. Precisó que las entidades preparan unidades de coordinación con la Federación y no mecanismos estatales. Ponderó al mecanismo como el lugar en donde la sociedad civil tiene un papel preponderante.