En las estaciones migratorias y estancias provisionales de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz hay alto riesgo de que se presenten situaciones de tortura u otros malos tratos.

Algunas de las carencias son: falta de servicio médico e insuficiencia en el suministro de medicinas, insuficiencia de camas y de espacios adecuados para el alojamiento de menores migrantes no acompañados y restricción de visitas a personas del exterior.

También, escaso personal de seguridad y complicaciones para la privacidad al realizar llamadas telefónicas en estos lugares de retención del Instituto Nacional de Migración (INM).

Confirmó lo anterior el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al detallar que hay 50 por ciento de ese riesgo para que se den actos de tortura u otros malos tratos en esos centros y estancias, en los que se retiene a los migrantes mientras se resuelve su situación.

‘‘Tales situaciones resultan violatorias de los derechos fundamentales al trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud y la integridad personal’’, asentó el organismo en un informe de seguimiento a la situación que enfrentan los migrantes retenidos en esos espacios.

El personal del mecanismo visitó los centros de Acapulco, Morelia, Chetumal, Hermosillo, Veracruz, Monterrey, Agua Prieta, Nogales, Cancún y Tuxpan.

Entre las situaciones de riesgo que aún persisten sobresalen la falta de servicio médico, carencia de camas, instalaciones eléctricas inadecuadas, insuficiente iluminación y ventilación, dificultades en la privacidad en la comunicación telefónica y restricción de visitas con personas del exterior, así como carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física.

También faltan medicamentos y material de curación, deficiencias en la certificación médica, carencia de alojamiento adecuado para niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no acompañados, por el tiempo previo a su canalización al DIF y falta de servicios de traductores o intérpretes.