Claudia Herrera Beltrán

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños atribuyó las fallas en el proceso de fiscalización de las pasadas elecciones a que algunos colegas respetaron poco la autonomía de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) o establecieron criterios ‘‘estrambóticos’’.

Agregó que ‘‘nadie puede decir que he mandado a presionar a la Unidad Técnica de Fiscalización, que tiene cierta autonomía establecida por la ley, y que define cómo se desahogan estos procesos’’, comentó.

El INE se encuentra en periodo vacacional, pero sigue pendiente finiquitar el proceso de fiscalización debido a diferencias entre los consejeros. De hecho, la revisión de las cuentas en Coahuila hizo que hace dos semanas Baños y el también consejero Ciro Murayama se confrontaran desde sus cuentas de Twitter.

En entrevista, Baños se quejó de que varios criterios se modificaron en acciones concertadas en relación con el prorrateo, matrices de precios; además, se fijaron fechas contrarias a la ley para que los partidos políticos comprobaran sus gastos.

Por eso consideró justificado que el Consejo General del instituto enviara a investigar en un proceso oficioso si los partidos políticos pagaron o no a sus representantes de casillas.

Refirió que la Comisión de Fiscalización del instituto definió, mediante un criterio ‘‘estrambótico’’, que el 30 de junio se diera por buena la comprobación relacionada con los representantes de casillas. Criticó que se tomara el costo más alto para calcular el gasto no reportado en dietas para estos representantes: mil 350 pesos en Coahuila y mil 780 en Veracruz, cuando esta última cantidad correspondía a lo dado a una sola persona.

Baños recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que si bien el reglamento de fiscalización recomienda tomar como referencia el precio más alto para fijar gastos no reportados por los partidos políticos, también debe establecerse un precio razonable.

‘‘En Coahuila fueron 3 mil 680 casillas. ¿Qué vamos a hacer en la elección federal en que habrá 150 mil casillas? ¿Vamos a llegar a multas exponenciales?’’, se preguntó en relación con las sanciones aplicadas a los partidos políticos por ese motivo, pero que ahora están en suspenso.

Con la posibilidad de que se anule el triunfo del PRI en Coahuila a causa del rebase de topes de campaña, reiteró que la fiscalización no se puede convertir en una segunda vuelta. Planteó que los 11 consejeros electorales están conscientes que deben de revisar y actualizar procedimientos en materia de fiscalización para no generar sorpresas a los partidos políticos con criterios no discutidos previamente en la Comisión de Fiscalización y que llegaron directo a la mesa del Consejo General.

Insistió en defender al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza, cuya imparcialidad se puso en tela de duda porque su hija Alejandra Gurza fue diputada local del PRI y también fue comisario en Banobras cuando el priísta Alfredo del Mazo estaba al frente.