Eirinet Gómez

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, dijo que son falsas las versiones de que se han cancelado o anulado las órdenes de aprehensión libradas por un juez estatal contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.

En conferencia de prensa, mencionó que la defensa del ex mandatario interpuso un juicio de amparo para reclamar la ilegalidad de los mandamientos de captura u órdenes de investigación, lo que no es ninguna novedad sino una estrategia de defensa.

Winckler Ortiz dijo que se tiene conocimiento de que un juez federal admitió el juicio de amparo promovido por Javier Duarte y se le concedió la suspensión de la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control de Veracruz.

Pero la suspensión no es una concesión de amparo, no anula los procesos que se siguen en su contra ni es una sentencia absolutoria, puntualizó el fiscal.

Señaló que hasta ahora no ha recibido notificación formal de la admisión del juicio de amparo ni de la suspensión provisional de la ejecución de las ordenes de aprehensión.

Mencionó que uno de los criterios de los jueces federales es que tras conceder la suspensión provisional de la ejecución de ordenes de aprehensión, piden una garantía económica y la obligación –no mayor a tres días– para que comparezca ante un juez de control para escuchar la imputación que se les hará.

De no comparecer en este tiempo, la suspensión concedida deja de surtir efecto, subrayó Jorge Winckler. En su pronunciamiento el fiscal veracruzano respaldó las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en la audiencia de imputación a proceso, en la que se acusó a Javier Duarte de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hizo un llamado a la PGR para que “a la brevedad –si ya se tienen las carpetas de investigación por la observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por mal manejo de recursos, y la simulación de reintegros– se solicite a un juez de control para la conducción de estas personas a un proceso judicial”.