Jessica Xantomila

Los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) carecen de un marco jurídico ‘‘sólido’’ que incluya objetivos, funciones y dependencias que participan en ellos. Tampoco cuentan con protocolos y manuales que establezcan plenamente las funciones de su personal; además, algunos contravienen el modelo integral que incorpora la atención médica y sicológica, el empoderamiento económico y social para favorecer el acceso de las mujeres a la justicia.

Refiere lo anterior un informe realizado por la organización Equis Justicia para las Mujeres, el cual indica que los Cejum son creados por decretos o acuerdos firmados por tres autoridades: el gobernador, el fiscal, el procurador general o el Poder Legislativo, sin que ello implique que estén previstos en las leyes locales. De hecho, mencionan, no están contemplados en la ley a nivel federal, lo que genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad.

‘‘Esta condición lleva a que su funcionamiento quede al arbitrio de secretarías o procuradurías locales e impacta en la capacidad de los centros para coordinarse con otras dependencias a nivel estatal y municipal.’’

Los Centros de Justicia para las Mujeres fueron creados en 2010 por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como espacios integrales de atención para víctimas de violencia y sus hijos. Actualmente existen 31 centros ubicados en 21 entidades federativas.

La investigación arrojó que la mayoría dependen de procuradurías, fiscalías o incluso de subprocuradurías o vicefiscalías. Sobre su naturaleza jurídica, sólo diez de estos son órganos desconcentrados, otros unidades administrativas, órganos descentralizados, mientras que de seis se desconoce esta información ‘‘pues no queda establecida’’.

La organización refiere que con el fin de dotarles de fuerza institucional suficiente, ‘‘deberían conformarse como órganos descentralizados con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia presupuestaria’’.

Agregó que, ‘‘en general, el análisis sobre los documentos de creación de los Cejum arrojó una falta de homogeneidad en sus contenidos, pues algunos incluso omiten elementos básicos como objetivos, composición, dependencias que los integran, funciones’’, entre otros aspectos que los ‘‘dotarían de claridad y eficiencia’’.

El informe también señala que ‘‘ciertos Cejum operan con un modelo punitivo y un enfoque unidimensional del acceso a la justicia, centrándose sólo en la persecución de delitos. Más grave aún, algunos documentos de creación contienen estereotipos de género, señalando a las mujeres como la base de la familia sólida y de la unidad familiar’’.

Asimismo, el texto establece que existe ‘‘falta de información clara sobre cómo funcionan’’, y la mayoría de estos centros no brindaron información sobre su presupuesto.