Fernando Camacho Servín

Las detenciones arbitrarias se han vuelto cotidianas en México, en gran medida porque los jueces siguen admitiéndolas para iniciar procesos legales pese a haber indicios de su irregularidad, pero también porque las autoridades hacen un uso político del tema y se suman a la idea generalizada de que los acusados de cometer un ilícito no tienen ningún derecho.

Así lo afirmaron los autores del estudio Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, elaborado por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y presentado ayer en el Museo Memoria y Tolerancia.

Carlos Azueta, uno de los autores del informe, subrayó que para realizar un abordaje más profundo del tema se decidió incluir no sólo los testimonios de las víctimas directas e indirectas de este fenómeno, sino también los de 25 operadores del sistema de justicia, quienes confirmaron que las detenciones injustificadas, la tortura y la ‘‘fabricación’’ de culpables son prácticas generalizadas.

‘‘Los funcionarios saben que son detenciones arbitrarias, pero las admiten, no las filtran y permiten que las personas sigan en procesos irregulares’’ que duran años enteros y quedan en total impunidad, ya que nunca se realizan investigaciones serias en contra de los responsables.

Preocupaciones ‘‘injustificadas’’ sobre el nuevo sistema penal

En ese sentido, Azueta manifestó su preocupación porque diversos servidores públicos atribuyen al nuevo sistema de justicia penal la supuesta excarcelación indiscriminada de delincuentes, sin mencionar que cada caso se estudia de forma individual antes de permitir que los acusados salgan de prisión.

Por su parte, Tania Reneaum, directora de AI en México, advirtió que hoy día existe una narrativa oficial según la cual las personas acusadas de haber cometido un delito –si es que realmente lo cometieron–no tienen ningún derecho, lo que lleva a naturalizar las detenciones arbitrarias y otras prácticas negativas, como la tortura.

Erika Guevara, titular de Amnistía Internacional para las Américas, subrayó que las detenciones injustificadas en México ocurren en todos los estados de la República y su propósito es extorsionar a las víctimas, torturarlos para que se autoincriminen en delitos que no cometieron o para que las policías cumplan con ‘‘cuotas’’ de arrestos.

Luego de puntualizar que la gran mayoría de los afectados por detenciones arbitrarias son hombres jóvenes y de pocos recursos económicos, la especialista lamentó que si el Estado no toma medidas adecuadas para frenar esta práctica, ‘‘cualquier persona puede ser víctima tan sólo por estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada’’.