Roberto González Amador

A la vuelta de dos décadas de privatizado, el sistema de retiro ofrece menos de la mitad de la pensión considerada por especialistas como necesaria para mantener un nivel digno de vida al término de la vida laboral.

Una pensión digna fue la oferta que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, el promotor de la privatización de la seguridad social, al plantear la reforma. En medio de la peor crisis que había vivido el país en seis décadas, el entonces mandatario propuso, en noviembre de 1995, modificar la forma en que había funcionado el sistema de retiro, basado en la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores en activo financiaban la pensión de los que pasaban a retiro. Una ecuación que se hacía difícil de sostener por el cambio en la demografía del país y el aumento en la expectativa de vida.

La reforma fue presentada por el gobierno y apoyada en todo momento por la iniciativa privada. Lo que se buscaba, según la iniciativa, era regresar la viabilidad financiera al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al liberarlo de la obligación de hacerse cargo de las pensiones de la población que se incorporaba al mercado de trabajo. Y, para alcanzar ese objetivo, los trabajadores tendrían que aportar a lo largo de su vida laboral para financiar la pensión. Llanamente, rascarse con sus uñas.

La reforma a la Ley del Seguro Social en que se incluyó la privatización de las pensiones fue aprobada en diciembre de 1995, en la última legislatura en que el PRI tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Y entró en vigor el primero de julio de 1997. Ahí nacieron las administradoras de fondos para el retiro (Afore), empresas privadas que gestionan los recursos a partir de invertirlos en instrumentos financieros, cuyo rendimiento está influido por los vaivenes de los mercados financieros internacionales.

Pensión digna

El lugar es la residencia oficial de Los Pinos. La fecha, el 4 de noviembre de 1998. Están reunidos Zedillo y los directivos de las Afore. El Presidente asegura que la reforma impulsada por su gobierno dio paso a un sistema de pensiones que responde a la actual estructura demográfica del país, garantiza plenamente los recursos de los trabajadores y les da certidumbre de pensiones dignas al momento de su retiro.

La pregunta es: ¿qué significa una pensión digna? La respuesta viene de la Organización Internacional del Trabajo, que considera una pensión suficiente a aquella que equivale, al menos, a 70 por ciento del ingreso que tuvo el trabajador al momento de pasar a retiro.

El sistema, por ahora, se ha quedado corto en lo que era la visión presidencial al momento de la reforma. En una entrevista con La Jornada hace unos días, Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el regulador del sistema, dijo que con el nivel actual de cotización, el monto de la pensión de un trabajador que sólo haya cotizado en el sistema de las Afore, obtendría una pensión equivalente a 30 por ciento del último salario. Y para ello deberá cotizar, como mínimo, mil 250 semanas.

En cambio, para los trabajadores que comenzaron a cotizar a la seguridad social hasta un día antes de que entró en vigor el régimen de las Afore, el primero de julio de 1997, el requisito es cotizar al menos 500 semanas y, a partir de los 60 años, pueden obtener una pensión por al menos 70 por ciento de su último salario. Es un porcentaje que puede incrementar en la medida en que sean más las semanas cotizadas y la edad de retiro.

Por fin tenemos en México un sistema de pensiones para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, que desde el momento mismo de su puesta en marcha está dando resultados favorables a los trabajadores, dijo el presidente Zedillo el 19 de enero de 2000.

El resultado de que un trabajador obtenga una baja pensión –30 por ciento de su último sueldo– con el régimen de las Afore creadas hace 20 años es un horizonte de carencia en los últimos años de la vida, como explican Ricardo Cantú y Alejandro Limón, investigadores del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. “Lo que una baja tasa de remplazo –el porcentaje de la pensión, respecto del último salario– significa es que los pensionados bajo este régimen no van a contar con recursos que les permitan solventar sus gastos”, apuntaron.