Claudia Herrera Beltrán

Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la presunta intromisión del gobierno federal por medio de un ‘‘costoso’’ operativo electoral para beneficiar a Alfredo del Mazo, candidato priísta a la gubernatura del estado de México.

‘‘Desde la Presidencia de la República se han atribuido responsabilidades fuera de sus funciones a secretarios del gabinete federal y diversos funcionarios de esta administración, a fin de que actúen en calidad de operadores electorales para el PRI durante los comicios en dicha entidad’’, explicó en sus demandas Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.

Por ejemplo, aparecen secretarios de Estado a cargo de distintos municipios, como Aurelio Nuño, de Educación Pública, en Cuautitlán Izcalli; José Narro, de Salud, en Ecatepec; Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente, en Metepec; Enrique de la Madrid, de Turismo, en Otumba.

También figuran como operadores electorales los directores de los institutos Mexicano del Seguro Social: Mikel Arriola, en Ixtlahuaca; de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza, en Ixtapan de la Sal, y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, David Penchyna, en Toluca.

Morena presentó, entre otras pruebas, el documento Activación de lugares prioritarios, Edomex /8 de mayo de 2017, elaborado por una de las entidades del consultor político Jordi Segarra, denominada El Pentágono. Dicho texto, que fue dado a conocer en su momento por el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, contiene la estrategia electoral del PRI para llevar a cabo la ‘‘compra y coacción del voto’’ antes y durante la jornada electoral del próximo 4 de junio del presente año.

Divide al estado por zonas, municipios y distritos; además, desarrolla para cada uno la táctica específica, designa tareas y señala con claridad a los responsables para neutralizar a los contendientes que estiman con mayor o mejor posibilidad en cada región.

‘‘Existe sin lugar a duda la utilización de los recursos públicos no solamente en términos de los gastos que origine el trabajo de los servidores públicos que se señalan como responsables y enlaces, incluyendo el propio pago de sus salarios atendiendo cuestiones ajenas a sus funciones, sino también las erogaciones necesarias para llevar a cabo cada táctica’’, explicó Duarte Olivares.

Mencionó que las diversas tácticas consisten en la operación de ‘‘call centers’’ para desactivar el voto ciudadano; la movilización el día de la elección; la operación del contacto directo con el candidato; el pago de voceros de campaña; la promoción de la abstención y desmovilización; la comunicación del riesgo de tener un gobierno de Morena, así como la organización y operación de varias activistas mujeres, encargadas de repartir recursos.