Jesús Aranda

Frente a la percepción de un estado de derecho laxo, con amplia tolerancia al incumplimiento o contravención de la ley, ‘‘y en un entorno en el que se registran niveles alarmantes de violencia e inseguridad, como los que actualmente se padecen en Guerrero, Tamaulipas o Veracruz’’, la defensa de la legalidad se reafirma como única vía para generar las condiciones mínimas de seguridad que la sociedad demanda.

Sostuvo lo anterior el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al rendir ayer su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que agregó que recuperar la seguridad en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, es una prioridad que exige atención urgente en el país.

Por otra parte, ante las críticas de diversos sectores a la CNDH por ‘‘defender a los delincuentes’’, González Pérez sostuvo: ‘‘Nosotros no defendemos delincuentes. Defendemos el cumplimiento de la ley para todos’’, y agregó que durante 2016 hubo voces que quisieron identificar la defensa de los derechos humanos con una vía para preservar la impunidad e impedir la debida persecución de los delitos.

‘‘Nada más alejado de la realidad; cuando las autoridades violentan los derechos de las personas o no ejercen sus atribuciones legales, incurren en actos ilícitos susceptibles de ser sancionados’’, sostuvo.

El respeto a la ley, a la vida e integridad física de las personas y a garantías tales como el debido proceso, no pueden dejarse de lado en el contexto del respeto a la ley, y a los derechos humanos, afirmó el ombudsman al rendir su informe de labores por tercera ocasión, luego de hacerlo hace unos días ante el Presidente de la República y el Congreso.

Respecto de la inactividad de las autoridades, González Pérez aseveró: ‘‘No podemos aceptar que se vuelvan parte de nuestra normalidad situaciones como las que se viven en Tamaulipas, donde una de las respuestas de las autoridades ante los hechos de violencia que tienen lugar ahí consisten simplemente en reportar los lugares donde están sucediendo actos de violencia, a efecto de que las personas, por miedo a ser afectadas, decidan por sí mismas restringir sus derechos de libre tránsito y reunión permaneciendo en sus domicilios’’.

La atención de la inseguridad debe ser integral y estar basada en una lógica más preventiva que reactiva. Las autoridades no pueden dejar de lado su obligación de brindar un mínimo de condiciones de seguridad a las personas, dijo.

El presidente de la CNDH señaló que el cumplimiento de la ley debe asumirse como una responsabilidad y un compromiso. La justicia a las víctimas y agraviados, la persecución de los delitos, la inseguridad y el respeto a los derechos humanos, son las llaves para la consolidación de nuestro estado de derecho, aseveró.