Angélica Enciso L.

La preferencia en dotar de agua a la industria minera y la actividad energética, la privatización del servicio y la dotación de múltiples concesiones para la extracción del líquido a las embotelladoras, son algunos de los elementos que violan el derecho humano al agua, argumentan 101 organizaciones en un informe presentado a Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se otorgan concesiones para explotación de acuíferos a embotelladoras como Coca Cola, Pepsi Cola y Danone, las cuales acaparan 82 por ciento del valor del mercado en términos de ventas totales, pero no son reguladas ni fiscalizadas adecuadamente, además de que realizan pagos anuales por las concesiones absolutamente ridículos en relación con las ganancias que tienen estas empresas a partir del agua, mencionan.

Coca Cola Femsa paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y sólo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, detallan.

Explican que durante 2014 la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo.

E indican que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013, las actividades de exploración y explotación de petróleo y demás hidrocarburos tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo.

En 90 páginas, las organizaciones presentan el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento. Exponen un panorama nacional, los obstáculos para el cumplimiento del derecho humano, el marco jurídico, el proceso de privatización, las implicaciones de los megaproyectos y la criminalización de comunidades y personas por defender el agua.

El fracking destaca por la afectación en términos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua, factores indispensables para el cumplimiento del derecho humano al agua.

Indican que las empresas mineras gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación beneficien a unos cuantos, y con las reformas a la leyes minera y energética se les otorga carácter de industria de utilidad pública, con lo que la exploración y extracción de recursos son de interés nacional y orden público, priorizando este uso por encima de cualquier otro.

En la elaboración del documento participaron la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y Agua para todos, agua para la Vida, entre otras.