José Antonio Román

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil exigieron al Congreso una ‘‘moratoria legislativa’’ en las iniciativas pendientes de la fiscalía anticorrupción, ley de seguridad interior y el cambio de la Procuraduría General de la República a fiscalía, entre otras, a fin de convocar a una mesa de trabajo donde se discuta con seriedad y transparencia la transformación de nuestros sistemas de seguridad y justicia.

Agrupados en los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva, las organizaciones civiles alertaron sobre varias evidencias que apuntan a un ‘‘albazo legislativo’’ para aprobar, al cierre del periodo de sesiones, la ley de seguridad interior, que avalaría la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública.

‘‘A pesar de las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del estado de derecho y el incremento sin control de la violencia en México’’, señalan en un comunicado conjunto.

De manera particular, se considera que con la ‘‘apurada aprobación’’ de la ley de seguridad interior se estaría optando por una ‘‘falsa salida a nuestros problemas’’, en lugar de avanzar en la solución de fondo a la grave situación que vive el país en materia de seguridad y procuración de justicia.

‘‘No cedamos ante la premura por legislar a la ligera la ley de seguridad sin un diagnóstico de fondo que nos permita, ahora sí, reconstruir la paz y la seguridad en el país. No repitamos la improvisación perpetuando con ello la crisis nacional’’, dice el texto.

A cambio, ambos colectivos –integrados por más de un centenar de organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos, activistas, académicos y expertos en materia de seguridad– propusieron que para enfrentar la crisis de inseguridad, corrupción, impunidad, violación a los derechos humanos y justicia de forma responsable, es necesario abordar de manera integral todos los frentes en cuestión.

Es decir, añaden, se deben abordar de esa forma los temas de seguridad pública, la reforma al artículo 102 (autonomía a la fiscalía anticorrupción), procuración de justicia, sistemas nacional anticorrupción, penal acusatorio, reglamentación del artículo 29 constitucional (restricción o suspensión de derechos y garantías), reconstrucción de las policías y cronograma para la retirada de las fuerzas armadas de las tareas que no son de su competencia.