César Arellano García

A escala mundial, cinco de cada 10 personas ha sido víctima de robo de personalidad o conoce algún perjudicado por este crimen.

Al presentar el libro Delito de usurpación de identidad, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Jafet Arreola González señaló que este delito va en aumento y en México, dijo, hace falta homogeneizar el sistema jurídico.

Los delincuentes se han apropiado de las nuevas tecnologías para apoderarse de tu personalidad desde la telefonía móvil o a través de los estudios biométricos. Nuestro país ocupa el noveno lugar en la cantidad de estos delitos que generan pérdidas millonarias.

En el libro, el catedrático e investigador en tecnologías de la información señala que el proceso que la delincuencia ejecuta es de dos formas: roba la identidad a través de la información y después la monopoliza para hacerse pasar por el individuo y cometer una diversidad de ilícitos.

“Los elementos de identidad susceptibles de ser desposeídos en la actualidad son datos académicos, de salud, familiares, financieros, patrimoniales, procedimientos judiciales, personas fallecidas, información de seguros de vida, correos electrónicos, por mencionar alguno.

Agregó que en la actualidad es habitual que los delincuentes cometan los fraudes a través de programas cibernéticos, sitios de Internet falsos, clonación o tallado de tarjetas de crédito o débito, suplantación de identidad en plataformas digitales, videojuegos en línea o falsificación de huellas.

“Ante este flagelo, no existe una estadística real y confiable, debido a que la gente no denuncia. En cada entidad ya prevalece el delito de usurpación de identidad, pero las penas son mínimas, no es un delito grave y se necesitan endurecer.

Nuestra legislación a escala local y federal es insuficiente e imprecisa para sancionar a los delincuentes. No existe un marco jurídico que lo pugne, hay vacíos legales, lo que dificulta a las autoridades para aplicar a justicia. Una de las propuestas que hago en el texto es que la usurpación de identidad se considere delito grave y que se incluya en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.