Jesús Aranda

Javier Nava Soria, uno de los ocho presuntos cómplices del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, fue detenido ayer con fines de extradición en la ciudad de Cabrils, Barcelona, derivado de una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, informó la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Explicó que Nava Soria es investigado por su presunta vinculación con una red que operaba recursos de procedencia ilícita encabezada por Duarte, la cual habría desviado 500 millones de pesos del erario a empresas fachada de giro inmobiliario.

Dicha red era encabezada por Moisés Mansur Cysneiros, empresario veracruzano, quien en su testamento señaló a Duarte como beneficiario de tres inmuebles en Ciudad México.

Javier Nava Soria, Santa Bartolo Acuña y Miguel Velásquez Nieva, así como las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta son los otros presuntos implicados en esa organización.

En noviembre pasado, la PGR congeló 107 cuentas bancarias a empresas y presuntos cómplices de Duarte; de ésas, 16 eran de Javier Nava Soria, presunto contador de Mansur Cysneiros.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estableció que los recursos depositados en dichas cuentas tenían origen en un delito, lo que posteriormente fue ratificado por la PGR.

La captura de Nava, contador de profesión, se logró mediante la ficha roja emitida por el gobierno mexicano, la cual fue cumplimentada por personal de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior del Reino de España, indicó la PGR.

De acuerdo con el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, el gobierno federal cuenta con 45 días para formalizar la solicitud de extradición, derivada de una orden de aprehensión librada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte

Una vez presentada la petición formal, las autoridades españolas recibirán la documentación y la presentarán ante un juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquel país.