Emir Olivares Alonso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las instancias correspondientes otorgar recursos extraordinarios para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El organismo informó que el fideicomiso del mecanismo no recibió recursos en el presupuesto de 2017, por lo que utiliza remanentes de años anteriores.

La CNDH obtuvo esa información, ya que participa en la junta de gobierno de esa instancia de protección, gracias a lo cual detectó el faltante de los recursos.

Si bien en el presupuesto de años anteriores se aprobó una partida especial para el fideicomiso del mecanismo, en 2017 no se destinaron recursos al mismo, por lo que actualmente se utilizan remanentes de años anteriores, cuestión que muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos.

Por ello, se dio a conocer que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió una solicitud al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para que de manera coordinada ambas instancias acuerden y destinen los recursos extraordinarios necesarios para que el fideicomiso pueda continuar financiando las medidas de protección durante 2017, y se programe en el momento oportuno el presupuesto para 2018 que incluya los recursos necesarios.

La CNDH enfatizó que la situación de violencia en muchas regiones del país ha hecho necesario que defensores de derechos humanos y periodistas se incorporen al mecanismo con la finalidad de contar con medidas de protección, pues éstas suponen una salvaguarda.

Para el organismo nacional no destinar esos recursos extraordinarios supondría que periodistas y personas defensoras que son beneficiarias del mecanismo se puedan quedar sin las medidas de protección aprobadas para salvaguardar su seguridad y su vida. De ahí la importancia de que se destine el presupuesto solicitado por González Pérez.

De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México es uno de los cinco países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. Tan sólo el año pasado sólo Irak y Afganistán registraron mayor índice en homicidios de esos profesionales. En tanto que la CNDH ha informado que de 2000 a 2016 fueron ultimados 119 periodistas en el país. Además, datos extraoficiales indican que al menos 60 defensores de derechos humanos han sido asesinados de 2010 a 2016.

El mes pasado fueron ejecutados tres reporteros: Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez; Ricardo Monlui Cabrera, director del portal El Político y columnista de El Sol de Córdoba, y Cecilio Pineda, reportero de la fuente policiaca en Guerrero. Y hace unos días Maximino Rodríguez, del Colectivo Pericú, fue asesinado en La Paz, Baja California Sur.