José Antonio Román

El uso de ‘‘montos millonarios’’ de publicidad oficial ejercidos de manera arbitraria e indiscriminada, se ha convertido en el ‘‘mecanismo perfecto para limitar los flujos de información independiente y plural’’, documentó la organización Artículo 19 en su informe 2016, Libertades en Resistencia, donde califica ese año como el más violento para la prensa en México.

Así, ‘‘la publicidad oficial funge como caja chica de los gobiernos y como instrumento de presión para fijar las líneas editoriales de los medios para promover a las figuras públicas en turno’’, señala.

El reporte da cuenta de que en ese periodo se registraron 426 agresiones contra la prensa, ataques que continúan en aumento pues crecieron 7 por ciento más respecto de 2015, cuando se documentaron 397. En 2016 fueron asesinados 11 periodistas; en 2006, 2008 y 2010 hubo 10 homicidios en cada año. En lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto, ya son 30 los comunicadores que han sido ultimados.

La organización de derechos humanos que trabaja a escala global para proteger y promover las garantías a la libertad de expresión, advierte que para quienes ejercen este derecho en México tienen que enfrentarse en un terreno que de facto los pone en desventaja frente a su adversario.

Quien decide expresarse conoce de entrada las reglas: en la mayoría de los casos los ingresos de los medios de comunicación dependen directamente del dinero público, y por tanto el gobierno incide en las líneas editoriales y trunca los alcances de esa libertad; además, es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, donde la violencia contra la prensa tiene garantizada la impunidad, y si se está fuera del sistema de información que prevén las tecnologías los comunicadores son invisibles, y tienen que luchar para encontrar información para difundir.

El informe de 226 cuartillas de Artículo 19 documenta que el regreso del PRI al poder ha significado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los flujos de información.

‘‘En esos cuatro años de gobierno se ha articulado la ejecución de múltiples medidas desde diferentes ángulos y niveles de gobiernos que han llevado a que en 2016 la libertad de expresión e información se consolide como un verdadero campo de batalla, donde la violencia –no solamente física– es cada vez más latente.

Además, señala con información oficial, que tan sólo en 2016, según datos preliminares, el gobierno federal reportó un ejercicio de más de 9 mil millones de pesos en ‘‘comunicación social’’, para un gasto acumulado de 34 mil 109 millones de pesos en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto.

Presentado por Ana Cristina Ruelas, directora regional para México y Centroamérica, el informe del organismo da cuenta que que el periodismo en México se ejerce en medio de amenazas como ‘‘plata o plomo’’, donde la publicidad oficial se utiliza como un instrumento de censura indirecta o sutil y las agresiones como factor de censura directa.

De esta forma, se documenta en ocho capítulos que la prensa está sometida a presiones, ya sea de la publicad o de la violencia. Reconoce que en este proceso de resistencia, aun cuando esta publicidad es también una forma de violencia, algunos medios de comunicación logran evadirla e informar. ‘‘Pero enfrentan una violencia más vil y cruenta’’.

Respecto de estas agresiones, Artículo 19 considera que el gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren cada vez más.

Su inacción deja que la impunidad prevalezca en 99.7 por ciento de los casos. ‘‘El mensaje es claro: sin verdad ni justicia, la prensa es blanco fácil de sus agresores’’. Esta situación es todavía más preocupante cuando 53 por ciento de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de periodistas.

De nueva cuenta, Ciudad de México es la entidad con más agresiones registradas, con 71. Le siguen Oaxaca, con 60; Veracruz, 58; Puebla, 28, y el estado de Guerrero, 26.

Por tipo de agresión, los ataques físicos o materiales fueron mayoría, con 81. Le siguen las intimidaciones, con 79; las amenazas, 76; privaciones ilegales de la libertad, 58, y los actos de hostigamiento o acoso, 58.

Destaca el aumento de agresiones contra mujeres periodistas, que de 2015 a 2016 aumentó 15 por ciento, con 96 casos (14 de ellos con componente de género), concluye.