Fabiola Martínez

Organizaciones y representantes de familiares de personas desaparecidas propusieron a legisladores y al gobierno federal la implementación de un esquema nacional de búsqueda eficiente, que incluya la indagatoria en lugares como cárceles militares y civiles, por ejemplo.

Ante el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, explicaron la necesidad de contar con protocolos amplios tanto de búsqueda como de reacción inmediata, con énfasis en la localización con vida de las personas reportadas como no localizadas.

El encuentro ocurrió a la par de una serie de ajustes dentro de la elaboración de una ley que atienda esta problemática.

Los registros de fiscalías estatales y de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan la existencia de casi 31 mil personas no localizadas en México. Senadores y sus equipos trabajan esta semana con especialistas de grupos no gubernamentales y se espera –acorde con la declaración de varios de los involucrados– depurar una propuesta para su aprobación este mismo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

La comisión nacional de búsqueda es uno de los elementos centrales –y novedosos– contenido en el citado proyecto de decreto de la ley general sobre desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, actualmente en dictamen en el Senado.

Esta comisión, señalaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, debe tener la infraestructura y recursos humanos y materiales necesarios, así como facultades y funciones adecuadas para realizar su labor.

Nadin Reyes Maldonado, en nombre del citado colectivo, consideró que la búsqueda debe desarrollarse en cualquier lugar donde se sospeche o haya indicios de que pudieran estar las personas desaparecidas: cárceles civiles o militares, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud o donde se pueda presumir la presencia de víctimas.

Sin embargo, este grupo civil advirtió el lunes pasado que mientras transcurre la discusión de la citada ley general, ‘‘el Estado mexicano sigue desapareciendo personas y niega el acceso a la justicia a las miles de víctimas que hay en el país’’.

Las propuestas fueron emitidas por este grupo con base en una larga experiencia de gestiones y luchas.