Alonso Urrutia

Relanzado para su aprobación definitiva por el Congreso, en el contexto del escándalo detonado por el asunto de la casa blanca presidencial, el surgimiento formal del sistema nacional de corrupción (SNA) se dará en medio de crecientes casos de corruptelas: un ex gobernador preso (Guillermo Padrés, de Sonora); dos más prófugos (Veracruz, Javier Duarte, y Chihuahua, César Duarte), una cauda de ex funcionarios aprehendidos y un fiscal (Édgar Veytia, Nayarit) detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los casos anteriores son apenas la estela visible de una corrupción que ha descolocado a las instituciones y complicado las transiciones de gobierno a escala estatal. Entre algunas de sus expresiones más visibles, se encuentra el crecimiento exponencial de las denuncias de hechos promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que suman 762 recursos interpuestos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Los malos manejos involucran miles de millones de pesos de 26 gobiernos estatales. Sin embargo, el ámbito de los recursos no se concentra en los estados, sino abarca al gobierno federal y los ayuntamientos, un fenómeno que ha impactado todos los órdenes de gobierno.

Los malos manejos que hacen presumir conductas delictivas involucran miles de millones de pesos de 26 gobiernos estatales. Sin embargo, el ámbito de los recursos no se concentra en los estados sino que abarca al gobierno federal y los ayuntamientos, un fenómeno que ha impactado todos los órdenes de gobierno.

El círculo cierra con la ineficacia de las denuncias: según información de la PGR, las querellas que ha interpuesto la ASF han derivado el inicio de 260 averiguaciones previas y la consignación de 16 funcionarios. Los esfuerzos fiscalizadores devienen impunidad de funcionarios, según las cifras de la propia procuraduría.

Aunque en su oferta como candidato Enrique Peña Nieto incluyó la figura de un fiscal anticorrupción, la reticencia de la oposición diluyó su propuesta. Fue hasta febrero de 2015, con la polémica por la denominada casa blanca cuando a la par de designar a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública para encargarle lo investigara, el Ejecutivo emprendía un conjunto de acciones, entre ellas, el relanzamiento de un esquema anticorrupción.

Ya entonces este ‘‘cáncer social’’, como lo definió Peña Nieto cuando promulgó en julio de 2016 las leyes del SNA, y cuando pidió perdón por la irritación social que generó el ‘‘agravio de la casa blanca’’, además se han conocido casos escandalosos de corrupción, con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte prófugo de la justicia, como expresión de las corruptelas gubernamentales que han derivado en que varios de sus colaboradores estén procesados por desvío de recursos.

Para cuando Duarte se había dado a la fuga –octubre 2016–, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés ya había sido aprehendido –noviembre de 2016– por las imputaciones en su contra de triangulaciones financieras y malos manejos.

La semana pasada se giró orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, al tiempo que fueron aprehendidos algunos de sus colaboradores y uno más buscó amparo. Y aunque por ahora no se ha llegado al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, varios de los miembros de su equipo enfrentan órdenes de aprehensión.