Alonso Urrutia

Todavía inconcluso el largo y tortuoso proceso para designar fiscal anticorrupción, y en medio de la proliferación de corruptelas en diversos niveles de gobierno, mañana quedará instalado el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción (SNA), el cual se espera anuncie una nueva era en el combate a un fenómeno que ha desgastado a las instituciones y minado su credibilidad social.

Para María Marván, ex presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (Inai), se trata de la coordinación de esfuerzos de un conjunto de instituciones cuyo objetivo es revertir el carácter sistémico que ha alcanzado la corrupción y su condición casi endémica con que se ha enraizado, sin importar niveles de gobierno y orígenes partidistas, al amparo de la impunidad.

Su lanzamiento formal, admite a su vez el comisionado del Inai Joel Salas, se da en un entorno difícil por la proliferación de hechos irregulares, pero indica que las expectativas están basadas en un buen diseño institucional para enfrentar la corrupción desde lo administrativo y lo penal. ‘‘Nos hemos caracterizado por buenos diseños legales, pero la gente demanda eficacia’’.

El problema, subraya Salas, es cómo hacer para que esté a la altura de las expectativas generadas y se refleje a diversos niveles, desde lo cotidiano hasta el combate de los actos graves de corrupción. Un avance sustancial en este esquema es la definición puntual de esos actos en términos de delitos, superando las concepciones genéricas que favorecían la impunidad, los cuales ahora tendrán su correlato tanto en lo penal como en lo administrativo.

El SNA involucra al recién creado comité de participación ciudadana, representación de la sociedad que encabezará la coordinación de los esfuerzos y propondrá políticas preventivas y criterios para orientar el combate a la corrupción.

Incluye a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que pasó de haber sido desahuciada en este sexenio a una instancia fortalecida en el seno del sistema nacional anticorrupción, además del Inai, como cabeza del sistema nacional de transparencia; la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y la fiscalía anticorrupción, aún sin titular.

Marván advierte que el inconcluso y accidentado proceso de designación del fiscal y los diferendos con organizaciones sociales evidencian resistencias de los políticos ante una presión social por combatir la corrupción: ‘‘Han resistido lo más que han podido. Y parte de ello es cómo han dado largas a un nombramiento que debió hacerse en el año 2014. Estamos en 2017, están en su cuarto intento por hacerlo y no han podido’’.

La ex presidenta del Inai indica que en gran medida la presión social desatada por la tragedia de Ayotzinapa y que se haya destapado el tema de la casa blanca, asociada al presidente Enrique Peña Nieto, detonaron una gran presión social que involucró a la sociedad en la construcción del sistema nacional anticorrupción para canalizar la irritación contra este tipo de casos.

Sin embargo, matiza: ‘‘Es claro que las instituciones están ya muy desgastadas por un fenómeno que es sistémico y que las seguirá desgastando, pero no podemos esperar grandes campanazos y ver muchos ex gobernadores presos. Va a disminuir la impunidad, pero el efecto central será desalentar en todos sus niveles las malas prácticas y el fortalecimiento de las políticas de prevención’’.

Mas de dos años después de su anuncio, esta semana quedará instalado el comité coordinador del SNA, que detonará la fase operativa, a pesar de lo cual todavía se debaten puntos medulares, como la autonomía que deberá conferírsele al fiscal anticorrupción respecto de la fiscalía general de la República, todavía hoy procuraduría.