Hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos para lograr una verdadera y efectiva consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas respecto de los proyectos de inversión y desarrollo que pretenden imponer dentro de tierras y territorios.

Como parte de las conclusiones del seminario internacional Fundamentos y práctica del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se señala que en el respeto de este derecho, han fallado no sólo las autoridades de todos los niveles de gobierno, sino también los empresarios.

Realizado este fin de semana en la ciudad de San Luis Potosí, en el seminario se dieron a conocer las consecuencias negativas que enfrentan los países que no aplican este mecanismo de consulta, tales como tala indiscriminada de bosques, contaminación ambiental de ríos y lagunas, extracción sin control de recursos naturales, explotación mineral de profundo impacto, afectación de flora y fauna, así como desplazamiento de comunidades originarias, entre muchas otras.

De esta forma, autoridades, servidores públicos, académicos, investigadores, expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de organismos públicos defensores de derechos humanos que participaron en el encuentro, coincidieron en que los gobiernos y sociedad todavía tienen una deuda que saldar con los pueblos y comunidades indígenas.

En un comunicado, la CNDH exhortó a los gobiernos federal y estatales, así como al sector empresarial del país, a cumplir con su obligación de consultar de manera previa, libre, informada, con buena fe y de forma culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión de gran escala que tengan impacto dentro de su territorio.

El presidente del organismo nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 21.50 por ciento de los casi 120 millones de mexicanos se autoadscribieron como indígena.

Sin embargo, el ombudsman consideró que la falta de un ordenamiento específico en nuestro país que regule adecuadamente el proceso de consulta impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de esos pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.