José Antonio Román

México es el segundo país de la región mesoamericana en agresiones cometidas en contra de defensoras de derechos humanos. Entre 2012 y 2014 hubo 615 ataques, así como el asesinato de 41 activistas de 2010 a la fecha, afirmó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

Un diagnóstico elaborado por la red, debido a la ausencia de estadísticas oficiales, citó que en ese lapso los ataques crecieron 261 por ciento, al pasar de 118 a 308, con lo cual México se ubicó apenas atrás de Guatemala.

Además, la evidencia apunta a la continuidad y recrudecimiento de esta violencia. ‘‘De acuerdo con nuestro monitoreo de medios, tan sólo en enero de 2017, mes en el que Michel Forst, relator especial de la ONU (Organización de Naciones Unidas) sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizó una visita oficial a México, se perpetraron al menos 15 ataques contra defensoras, lo que representa el doble de casos registrados en enero de 2016’’, dice el diagnóstico.

Durante la presentación, Flor Goche, coordinadora de la red, informó que también existen agresiones que tienen un componente de género. Así, por ejemplo, para este periodo 2012-2014, se detectó discriminación de género en 157 de los 615 casos registrados, es decir, en 26 por ciento.

Señala que aun cuando las agresiones más recurrentes contra defensoras son la intimidación, hostigamiento sicológico, calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio, los asesinatos son una constante. ‘‘El registro revela que de 2010 a la fecha, 41 defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas, crímenes que permanecen todos en la impunidad’’.

Respecto de las defensoras más agredidas, se identificó que se trata de quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de información y libertad de expresión y las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

También se identifica a los servidores públicos, prioritariamente policías, como los principales agresores. ‘‘Al ser parte de la estructura estatal, las corporaciones policiacas y sus integrantes están obligados a garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad, pero resulta que son los principales verdugos’’.

De 2012 a 2014, 299 servidores públicos estuvieron involucrados en agresiones contra defensoras, de los cuales 127 son policías. El diagnóstico indica que este incremento de agresiones y asesinatos contra mujeres defensoras y periodistas en México evidencia la falta de mecanismos eficaces de prevención y acceso a la justicia.