Jesús Aranda

La procedencia de la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores del estado de México en contra de la llamada Ley Atenco, quedó en el aire.

Ayer, de 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro se manifestaron en favor del proyecto que desecha la demanda de los diputados –y de paso criticaron a los legisladores mexiquenses por no cumplir con su labor y pretender que se lleve a cabo un ejercicio consultivo previo–, cuatro por su admisión y los tres restantes fijarán su postura el próximo lunes.

Sin embargo, en caso de que el pleno no admita la demanda de los diputados, el proyecto de dictamen considera procedentes las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las comisiones Nacional y estatal de Derechos Humanos en contra de la ley que regula el uso de la fuerza pública de esa entidad.

La ministra Margarita Luna Ramos cuestionó a los diputados mexiquenses (representan 68 por ciento de la legislatura) al señalar: ‘‘De veras no entiendo cómo pueden aprobar una ley y después la misma mayoría venir a decir que es inconstitucional. De verdad eso deja muy mal puesta la función legislativa’’.

En consonancia con los ministros Javier Laynez Potisek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes también avalaron el proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, Luna Ramos señaló que la acción de inconstitucionalidad está diseñada para que las minorías acudan a la Corte a impugnar una ley que consideren ilegítima.

Propuso que en el momento en que una minoría se convierte en mayoría, deja de tener legitimación para presentar una demanda de este tipo. Esto, tomando como base que la ley establece un porcentaje mínimo de 33 por ciento de los legisladores.

Luna y sus compañeros alertaron que en realidad los diputados mexiquenses pretenden que la Corte realice un ‘‘ejercicio consultivo previo’’, porque la norma ni siquiera ha sido promulgada y están a la espera de que el máximo tribunal legitime la norma, con base en un procedimiento que no está contemplado en la Constitución.

Por otra parte, Fernando Franco –quien junto con José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Norma Lucía Piña Hernández habló en favor de admitir la demanda– señaló que la Carta Magna no establece porcentajes máximos para que legisladores acudan a la Corte a interponer acciones de inconstitucionalidad. Advirtió que si el pleno avala el proyecto, eso meterá a la Corte ‘‘en muchísimos problemas’’.

Agregó: ‘‘No debemos, de ninguna manera, prorrogar competencias de la Corte… no tenemos un sustento para establecer un límite’’. Advirtió que el pleno tendría que precisar qué va a aceptar por minoría, sin que llegue a ser mayoría.

El próximo lunes 6 fijarán su postura los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y el ministro presidente, Luis María Aguilar.