Víctor Ballinas

El Senado aprobó por unanimidad en comisiones las reformas a la Ley General de Educación que permitirán la incorporación al sistema educativo nacional, en todos sus niveles –educación básica, media superior y superior–, de los migrantes mexicanos que sean repatriados por Estados Unidos. Con estos cambios también se autoriza que los connacionales que han realizado estudios fuera del país puedan tramitar su revalidación y equivalencias parciales.

Iniciativa presidencial preferente

La reforma será discutida y aprobada hoy ante el pleno del Senado, en virtud de que fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto como iniciativa preferente el pasado primero de febrero –con lo cual cada cámara del Congreso de la Unión dispone de 30 días naturales para aprobarla o rechazarla.

Peña Nieto envió esa reforma para que el país pueda estar en condiciones de recibir e insertar en el sistema educativo nacional a los ‘‘miles de estudiantes que se prevé serán deportados por la administración del presidente Donald Trump, entre ellos los llamados dreamers’’.

Los senadores integrantes de las comisiones de Educación y la de Estudios Legislativos modificaron 13 artículos a la Ley General de Educación, en lugar de reformar sólo seis de esos ordenamientos, como propuso el Ejecutivo federal.

Con los cambios a dicha ley ‘‘se garantiza que todas las personas que habitan en el país tendrán las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del sistema educativo nacional’’. Asimismo, se eleva a rango de ley la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para fijar normas de control escolar que faciliten en el caso de la educación básica la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de los educandos.

La reforma faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente ‘‘a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, etcétera’’.

Con los cambios a la ley se obliga a las autoridades educativas –federal y locales– a garantizar el acceso a la educación obligatoria a las personas que ‘‘no cuenten con documentos académicos o de identidad. En el caso de la educación superior, dichas autoridades deberán promover acciones similares’’, indica la nueva norma.

Asimismo, entre otros aspectos de la reforma se establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias –como universidades públicas o privadas– deberán promover la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.

Además, se promueve la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional.