Georgina Saldierna

El gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) suscribieron ayer un acuerdo para dar continuidad a las actividades que el organismo realiza en el país.

Por la administración federal firmó el documento el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y por el Acnudh, su representante en México, Jan Jarab. El canciller señaló que la suscripción del convenio es un paso clave y tangible para seguir por el camino correcto, de la protección y garantía de los derechos humanos.

También es una muestra de la apertura con que México enfrenta el reto que tiene en esta materia y de su compromiso con las instituciones multilaterales, expuso.

Ante diplomáticos, legisladores e integrantes de organizaciones sociales reunidos en el salón José María Morelos de la cancillería, Videgaray reconoció que en el país hay una importante asignatura pendiente en derechos humanos y que el escrutinio internacional, empezando por el de Naciones Unidas, es un instrumento fundamental para su transformación.

Asimismo, el funcionario ratificó que el gobierno cumplirá las recomendaciones que le hizo la oficina del alto comisionado tras una visita al país en octubre de 2015. En esto seguiremos trabajando a partir de la continuidad de estos esfuerzos con la oficina del Acnudh, explicó.

Recordó que el establecimiento en México de la representación del alto comisionado fue un parteaguas en el fortalecimiento de la cooperación del gobierno y de la sociedad civil con la Organización de Naciones Unidas.

En un mensaje videograbado, el titular de la oficina del Acnudh, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó su confianza en que la firma del acuerdo contribuirá a que la concreción de los derechos humanos de las personas. Promovió la aplicación de las 14 recomendaciones que formuló al Estado mexicano el año pasado y manifestó su preocupación por el entorno mundial que afecta las garantías fundamentales de los migrantes.

Jan Jarab expuso a su vez que la suscripción del convenio es la confirmación del compromiso del Estado mexicano de seguir apostando por un mundo basado en las normas internacionales y por dar continuidad a una política de apertura al escrutinio externo.

Dicha decisión, dijo, cobra mayor relevancia en la coyuntura actual, en la que el sistema supranacional construido por más de 70 años está siendo cuestionado a veces de manera irresponsable, enfatizó.