Alonso Urrutia

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó operaciones fraudulentas en la instrumentación de programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en los que se avalaron operaciones bancarias alteradas, la entrega de facturas falsas y se otorgaron recursos a empresas que no operan o se dedican a otros giros. Incluso convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que subcontrató a personas no aptas y entregó estudios bajados de Internet, todo ello con un presunto daño al erario acumulado de mil 569.7 millones de pesos.

Como resultado de cinco auditorías forenses realizadas a diversos programas de la Sagarpa en 2015 –dependencia que arrastra 193 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República promovidas por la ASF–, tras detectarse consistentes irregularidades en años anteriores, se confirmaron modus operandi que motivaron que en algunos casos la ASF solicitara la colaboración del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ahondar y aclarar las irregularidades fiscales que involucran a varias empresas.

En las principales irregularidades se involucra a la Sagarpa, la UAZ y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), por triangular convenios y subcontratar. La UAZ obtuvo proyectos por 219.4 millones de pesos para desarrollos asociados al sector. Sin embargo, esa institución educativa no los realizó directamente sino que contrató a personal sin el perfil idóneo: recepcionistas, mercadólogos, periodistas, telefonistas, edecanes, carniceros, vendedores de seguros, policías, cajeros, nutriólogos, entre otros.

En la ejecución de la auditoría, la UAZ proporcionó los mismos entregables que la Sagarpa, correspondientes a los 36 convenios; sin embargo, en su contenido se observó que 32 de ellos fueron extraídos de diversas páginas de Internet, y por tanto, no fueron realizados por la UAZ, por los proveedores ni por los prestadores de servicios contratados, no obstante la universidad distribuyó a través de diversos pagos, los recursos otorgados por la Sagarpa a empresas y personas físicas, sin que se llevaran a cabo los trabajos para los cuales fueron contratados. Se presume daño por 219 millones de pesos.

El caso de la UPSZ fue similar, aunque el monto involucrado fue de 34.5 millones de pesos. La Sagarpa no supervisó la realización de los mismos ni la calidad de lo entregado, material que fue obtenido de Internet.

Entre los programas involucrados en irregularidades están: fomento a la agricultura, componente procafé e impulso productivo al café; fomento a la agricultura, componente programa de incentivos para productores de maíz y frijol; de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y el de productividad y competitividad agroalimentaria.

En la descripción de inconsistencias, la ASF señala que Sagarpa liberó pagos a proveedores sin que acreditaran la entrega de bienes y sin tener la certeza de la población objetivo, pues hubo beneficiarios que no confirmaron haber recibido apoyos y en otros casos, a la fecha de la auditoría ni siquiera habían iniciado los proyectos, aunque ya se les habían liquidado. También se hicieron pagos duplicados.

La ASF estima que la corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia.

Menciona acciones fraudulentas con empresas específicas, como por ejemplo Simone Productora Rural, una empresa cuyo domicilio fiscal es una casa abandonada por años y que entregó facturas por 19 millones de pesos que al revisarse en el SAT estaban canceladas.

Sólo es una muestra, pues hay varias empresas que alteraron facturas y cuentas bancarias para poder obtener los beneficios. Las empresas reportaron contar con varios millones de pesos para aspirar a contratos cuando en realidad las cuentas estaban casi vacías; otros, entregaron facturas expedidas antes de que se iniciaran los programas del cual serían beneficiarios. La ASF también reporta proveedores que no tenían la tecnología o los instrumentos para cumplir convenios que les fueron otorgados.