Alonso Urrutia, Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante 2015 que en el manejo del gasto federalizado de la cuenta pública de los estados las irregularidades en el gobierno de Veracruz, consideradas como posible daño patrimonial, ascienden a 9 mil 717.6 millones de pesos.

Sin embargo, en el informe de la cuenta pública descubrió además que de las finanzas del último año de la compleja administración priísta en Michoacán se habrían desviado o usado indebidamente 2 mil 999.3 millones.

En el mismo informe, al reportar el saldo de observaciones no subsanadas por la entonces administración del prófugo Javier Duarte, indica que Veracruz arrastra, desde 2011 a 2015, 34 mil millones de pesos asignados a diversos programas federalizados que no ha acreditado su gasto todavía.

Y aún más: 16 mil 305 millones de pesos de esos cinco años se encuentran involucrados en denuncias de hechos que ya fueron presentadas a la Procuraduría General de la República (PGR) y que, en monto, representan 60 por ciento del total de dinero cuyo uso podría involucrar responsabilidad penal en el manejo financiero de todos los estados, que en conjunto suman 26 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con el desglose de las 26 auditorías aplicadas a Duarte de Ochoa en 2015, la ASF encontró posible daño patrimonial o perjuicio de 9 mi 717 millones de pesos, que abarcan gran diversidad de programas federalizados. De entrada, uno de los montos más elevados son los 2 mil 750 millones destinados al Fondo de Contigencias Económicas de 2015 y cuyo destino no se acreditó documentalmente después que fueron retirados indebidamente de la cuenta.

Los malos manejos del gobierno de Javier Duarte en 2015 no se detuvieron ahí: 2 mil 109 millones de pesos destinados al apoyo a la educación fueron desviados irregularmente para el pago de la nómina; de 645 millones del Fondo de Infraestructura Social no se conoce su destino; 518 millones del Seguro Popular la ASF los reporta como no devengados; 893 millones del Fondo de Aportaciones Municipales también fueron irregularmente removidos de las cuentas originales; de 368 millones del Fondo para Seguridad Pública tampoco se conoce en qué se gastaron, y 204 millones de pesos destinados para Escuelas al Cien se usaron en nómina, entre otros.

Aunque Veracruz es el estado donde las irregularidades brotaron en abundancia, hay otras entidades con importantes montos involucrados en presunto daño patrimonial.

En Michoacán, el reporte de la cuenta pública 2015 asciende a 2 mil 995 millones de pesos, entre los cuales destacan las observaciones realizadas al Fondo para la Educación, de donde se desviaron 550 millones para ser utilizados en el pago de la nómina; 220 millones, que eran para apoyo a centros educativos, injustificadamente se trasladaron a la Universidad Nicolaíta; 665 millones más fueron desviados de los servicios de salud para pago de nómina.

Una tercera entidad con un monto de recursos elevado, que involucra presunto daño patrimonial, es Jalisco, donde las irregularidades detectadas ascendieron a 810 millones de pesos.

En esta entidad se menciona la desviación de 357.6 millones de pesos que debieron ser aplicados al Fondo de Aportaciones Múltiples y que no estaban ejercidos en la fecha de la revisión; otros 108 millones, destinados a apuntalar la educación, se utilizaron en campañas publicitarias, y 96.9 millones de pesos destinados al Fondo del Fortalecimiento de las Entidades Federativas tampoco se ejercieron para lo originalmente presupuestado.