Dora Villanueva

La carga financiera que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha representado a las finanzas públicas durante la actual administración se diluye frente a los ingresos que la compañía ha significado para el fisco en cuatro años y medio.

En impuestos y derechos, la principal empresa del Estado ha pagado un billón 386 mil 565 millones de pesos entre 2019 y la primera mitad de 2023. En el mismo periodo, el gobierno federal la ha capitalizado con más de 720 mil millones de pesos para pagar vencimientos de deuda, restaurar refinerías, construir la planta Olmeca y comprar Deer Park, entre otras inversiones.

En ese balance, Pemex ha entregado 666 mil 565 millones de pesos por encima de lo que se le ha aportado en cuatro años y medio. Incluso si se toma en cuenta la renuncia recaudatoria por una menor tasa del derecho de utilidad compartida (DUC) –que hasta ahora representa 97.2 por ciento de su carga fiscal efectiva– la petrolera ha sido rentable para el fisco.

Adicional a los más de 720 mil millones de pesos, y fuera del periodo comparado, en julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo otra capitalización por 64 mil 900 millones de pesos a la empresa que enfrenta fuertes vencimientos de deuda este 2023. Pemex lo confirmó un día después de que la dependencia federal negara aportaciones adicionales.

Los apoyos no han sido suficientes para mejorar el perfil crediticio de la empresa, pues se está refinanciando a tasas de entre 10 y 12 por ciento, y en julio dos firmas de riesgo, Fitch y Moody’s, deterioraron valuación y perspectiva de su deuda, debido a un débil desempeño operativo y al poco margen que tiene para invertir en exploración y producción.

Hasta 2019, Pemex –quinta petrolera estatal más grande del mundo y la más endeudada– tenía una mayor carga de impuestos que la gigante saudí Aramco. La tasa del DUC, principal contribución que paga la empresa mexicana al fisco, se ha ido reduciendo de 65 por ciento a 40 por ciento en este gobierno.

Una reducción adicional a la carga tributaria no se descarta por parte de Hacienda, pero todo va en función del balance fiscal. En esta administración el DUC ha generado un billón 347 mil 286 millones de pesos, 97.2 por ciento de las contribuciones reportadas por la compañía; 11 mil 340 millones han venido de impuesto sobre la renta y otros rubros y el resto de gravámenes diferidos.

Ramsés Pech, analista del sector energético, explica que la actual administración no ha incrementado el endeudamiento de Pemex, pero la sigue usando de comodín para cerrar el balance público frente a un gasto creciente, sobre todo en desarrollo social, lo que no le ha permitido un avance en el saneamiento de sus finanzas.

En 2026 cambiará el balance

El problema, enfatiza el especialista, no radica en Pemex, sino en la estructura de ingresos de las finanzas públicas mexicanas, que obligan a la petrolera a ser el principal contribuyente del país y responsable de cerrar el déficit público a través de una variable volátil: el precio del petróleo.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023, la petrolera debe generar recursos públicos por 826 mil 492.8 millones de pesos, 9.96 por ciento de los 8 billones 299 mil 647.8 de pesos que se tienen como meta de ingresos generales. Ese primero monto se reparte entre lo que se queda la petrolera para su operación y lo que entrega vía impuestos y derechos.

Con excepción de 2007, no hay año de las últimas dos décadas en que Pemex no genere más ingresos de lo contemplado en la LIF, de acuerdo con un análisis de Pech. Incluso en 2020, cuando los precios del petróleo se desplomaron en medio de un cierre masivo de actividades productivas, la empresa cumplió con sus contribuciones.

Pemex no es una empresa quebrada desde un punto de vista financiero. Está sana hasta el rendimiento operativo, y fracasa como empresa, cuando se adicionan los costos del financiamiento de la deuda, impuestos y derechos, y otros rubros, refiere Pech.

Actualmente Pemex da a las finanzas públicas más de lo que recibe. No obstante, para 2026 y 2027, Fitch estima que el gobierno tendrá que gastar aproximadamente 20 mil millones de dólares más de lo que recibe de la compañía para mantenerla a flote.

La solución es una reforma fiscal que elimine a los hidrocarburos de los ingresos, sacar el precio del barril de la Ley de Ingresos, debido a que ha ocasionado un estrés financiero a Pemex por varias décadas.