Dora Villanueva

Varios estados y municipios no cumplían en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, lo cual les generó adeudos importantes, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los impagos se cuentan por miles de millones de pesos, pero en poco más de dos años y medio se han logrado recuperar 61 mil 606 millones, según datos del organismo.

El SAT impulsa la regularización de las obligaciones fiscales de entidades federativas, municipios, organismos estatales y municipales a través de reuniones de trabajo donde se brinda un diagnóstico integral y se establecen planes de trabajo a corto y mediano plazo. Este planeamiento busca la corrección fiscal sin crear presiones de gasto y el mínimo impacto presupuestario, donde cada peso invertido se traduzca en finanzas públicas sanas, informó.

El organismo detalló que 2 mil 27 entes de gobiernos estatales y municipales están en proceso de regularización. El objetivo es dar alternativas y esquemas de pago hasta que liquiden todos los adeudos pendientes.

De 2020 a agosto de 2022 se han recuperado 61 mil 606 millones de pesos de la regularización de adeudos fiscales de estados y municipios, reportó el SAT; pero más de la mitad de esos recursos se concentran en Veracruz, con 14 mil 768 millones de pesos; Chiapas, 13 mil 9 y Baja California, 3 mil 952 millones de pesos.

La información sobre los adeudos de otros niveles de gobierno fue reportada por el fisco tres días después de publicarse los lineamientos a través de los cuáles la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda ,y el SAT coordinarán el cobro de adeudos que tienen estados y municipios contra participaciones, siempre que los descuentos no excedan el 15 por ciento del monto mensual de éstas.

El SAT informó que también mantiene otro tipo de acciones coordinadas con las secretarías de Finanzas de los estados y las tesorerías municipales para incentivar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales. A raíz de ello, agregó, ha mejorado el aprovechamiento de los recursos que estados y municipios reciben de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal.