Roberto Garduño y Fabiola Martínez

La modernización de las hidroeléctricas en el país es un programa muy importante y si se resuelve lo del despacho –con la aprobación de la reforma constitucional–, su producción podría de inmediato aumentar de 9 a 18 por ciento, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En defensa de su propuesta consideró que difundir este dato sirve para que la gente vaya tomando más consciencia del porqué de la reforma eléctrica. Explicó que la infraestructura se quedó en el abandono, imagínense la perversidad de subutilizar la infraestructura, que es de la nación, que es del pueblo, para que ganen o para que hagan negocio, (los) particulares. Eso es rapiña, es pillaje, es vandalismo.

La modernización contempla 14 hidroeléctricas, y es relevante porque “son equipos que se van a renovar, que datan de 50 años o más; son turbinas antiguas y hay tecnología más avanzada que significa generar más energía eléctrica. Tenemos las instalaciones, no hay que olvidar que los gobiernos posrevolucionarios llegaron a construir alrededor de 60 hidroeléctricas. Existe toda esa infraestructura ¿qué fue lo que debieron hacer los gobiernos neoliberales?, reforzar esa política; sin embargo, se dedicaron a privatizar, en eso consistió todo el periodo neoliberal.

Estamos generando 9 por ciento de la producción de energía con hidroeléctricas, pero si se resuelve lo del despacho, que eso es muy interesante, podría de inmediato aumentar al doble, es decir, 18 por ciento de generación de energía con las hidroeléctricas.

López Obrador recordó una de las distorsiones del sistema eléctrico es que las hidroeléctricas están ahorcadas porque el proceso de despacho está diseñado para beneficiar al sector privado. Refirió que las inundaciones anuales en Tabasco se derivan de acumular y almacenar agua para no producir energía y cuando “vienen las temporadas de huracanes, que es lo que ha pasado, se llenan por completo y sueltan el agua e inundan Tabasco.

Fíjense la gravedad, porque ya no es un asunto económico, es un asunto de un daño a miles de familias, es una violación a derechos humanos por darle preferencia a las empresas particulares, sobre todo, extranjeras.