Enrique Méndez.

En el debate sobre la iniciativa de reforma eléctrica, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez (Morena), dijo que con esa propuesta no se verá afectada ninguna inversión y tampoco habrá expropiaciones ni nacionalizaciones. Por su lado, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un quebranto financiero debido a que debe subsidiar a los generadores particulares con casi 500 mil millones de pesos.

De visita al palacio legislativo de San Lázaro para presentar un libro sobre medio ambiente, el funcionario rechazó que haya línea para los diputados sobre la propuesta del Ejecutivo.

Lo que sí hay, dijo, son causas, entre ellas la de privilegiar el interés de la sociedad, que no haya tarifas altas y acabar con la distorsión del mercado provocada por la reforma de 2013. Confió en que los diputados son personas responsables, conscientes, comprometidas con los ciudadanos y harán valer el interés público durante la votación de la iniciativa.

A petición del PRI también se turnó a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica. Tras una reunión de trabajo de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez estimó que será en noviembre cuando se lleven a cabo los foros del parlamento abierto sobre la propuesta del Ejecutivo.

El PRI no rehúye el tema

Mientras, la dirigencia nacional del PRI afirmó que no rehúyen ningún tema. La discusión de la reforma es un tema estratégico y fundamental para el partido, en el que nadie lo presiona (al partido), porque los priístas somos responsables con el país, expresó su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

De manera paralela, el PAN anunció el arranque de una campaña para promover energías limpias, renovables y baratas.

En tanto, organizaciones ambientalistas consideraron que la reforma debe colocar los derechos humanos, el bienestar de las personas, el cuidado del ambiente y el combate al cambio climático en el centro de sus objetivos, así como garantizar una transición energética justa y socialmente incluyente.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, de ser aprobada, afectaría los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, además de que se alejaría al país de cumplir con sus metas de transición energética y acuerdos climáticos internacionales, señalaron Greenpeace, Iniciativa Climática de México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones.