Dora Villanueva

Las empresas privadas que operan tres de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) que hay en el país bajo el esquema de proyectos para prestación de servicio, el mismo tipo de contratación que pactó el gobierno de Felipe Calderón para la operación de centros penitenciarios, absorberán mil 432 millones de pesos el próximo año, cuatro de cada 10 pesos de presupuesto destinado a esas instalaciones.

Hasta el momento y a menos de la mitad de su vigencia por 25 años, los contratos por el desarrollo de los HRAE de Ixtapaluca, en el estado de México; el de Ciudad Victoria Bicentenario 2020, en Tamaulipas, y el del Bajío, en Guanajuato, suman 22 mil 862 millones de pesos en conjunto, el triple de la inversión inicial en infraestructura que, según estimados, asumieron las empresas.

A estos grupos empresariales vinculados con políticos irá un presupuesto similar al que tendrá el Hospital Juárez de la Ciudad de México el próximo año y, adicionalmente, esos tres hospitales requieren 2 mil 11 millones de pesos más para el pago de personal médico y otros gastos operativos, muestra el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se entregarán el próximo año 628 millones de pesos a la triada de empresas lideradas por GIA+A –de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari–, como abono de un contrato que ya es cinco veces la inversión inicial de privados. Adicionalmente, del presupuesto saldrán 819 millones de pesos más para pagar el personal y otros gasto de operación.

La Secretaría de Hacienda calcula que este contrato actualmente asciende a 11 mil 611 millones de pesos, casi el doble de 6 mil 624 millones de pesos en que fue firmado durante agosto de 2009 y cinco veces la inversión inicial privada que se estimó en 2 mil 448 millones de pesos. El precio se irá actualizando, dada que la vigencia es hasta 2035.

Para el hospital de Ciudad Victoria Bicentenario 2020, que desarrolló Marhnos, firma que preside Nicolás Mariscal Servitje –empresario que también es parte del consejo de administración de Bimbo, cuyos dueños apoyaron a Felipe Calderón en campaña– recibirá 457 millones de pesos el próximo año; y adicionalmente del presupuesto saldrán 365 millones de pesos para servicios personales y operación.

Incluso, por este contrato que se firmó en julio de 2007 con valor de 4 mil 108 millones de pesos, se tiene contemplado que de 2023 en adelante se deben pagar 5 mil 712 millones de pesos, más que el valor inicial.

Por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo se entregarán el próximo año 347 millones de pesos a la española Acciona, del mismo grupo empresarial que se ha vinculado al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la operación del parque eólico El Cortijo. Adicionalmente se prevé un presupuesto de 825 millones para el funcionamiento de la instalación. Estos contratos firmados en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón comparten el esquema de asociación pública privada de los centros penitenciarios y que, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la larga su renegociación podría sumar un ahorro de 41 mil 496 millones de pesos.

De acuerdo con un documento de la Auditoría Superior de la Federación el gasto en estos proyectos para prestación de servicio se reportaron como gasto de inversión y no como deuda de largo plazo, aun cuando este esquema de financiamiento tiene elementos de exigibilidad similares a los de una línea de crédito. Es decir, acumula intereses y se actualiza con la inflación, por lo que no se sabe cuánto podrá llegar a costar.