Braulio Carbajal

La emergencia tanto en salud como económica que enfrenta el país por la pandemia de Covid-19, ha provocado que se paralicen las pláticas y planes para impulsar una reforma al sistema de pensiones.

En entrevista, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), dijo que aún es urgente esa reforma; sin embargo, hoy todos los esfuerzos del gobierno y empresas están en la emergencia sanitaria y económica. Reconoció: “Hoy el reto más urgente para el país es preservar empleos e ingresos. Cuando eso se resuelva, y todos pongamos nuestro granito de arena, podremos seguir con esos planes.

El representante de las 10 Afore que operan en el país recordó que en 2021 habrá personas que quieran retirarse y no cumplirán con los requisitos; ya había mucho avance en la reforma; sin embargo, con la contingencia todo ha pasado a segunda prioridad.

Apenas en enero, Abraham Vela, presidente de la Consar, afirmó que se cocinaban cambios importantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), dado que la Secretaría de Hacienda le había solicitado un diagnóstico sobre el sector, el cual debería estar acompañado de mejoras y soluciones. En esa ocasión, el funcionario advirtió sobre la urgencia de una reforma al sistema, y la importancia de que el actual gobierno no siguiera pateando el bote.

En enero pasado Bernardo González, de la Amafore, advirtió que la reforma no podía esperar a 2021, por lo que presentó una propuesta de reducir las semanas mínimas de cotización para acceder a una pensión, de mil 250 a 750. Además de resaltar la importancia de elevarde 6.5 a 15 por ciento la contribución obligatoria de los trabajadores.

Parálisis en empresas

Hasta hace unas cuantas semanas antes de que explotara la crisis sanitaria, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la mano del Fundación de Estudios Financieros (Fundef) preparaban una reforma al sistema de pensiones, en la que a grandes rasgos, sería la iniciativa privada la que financiara la mayor parte del costo de la misma.

En ella, se proponía rebajar no sólo hasta 650 las semanas mínimas de cotización, sino aumentar de 6.5 a 15 por ciento la contribución obligatoria de los trabajadores, con la variante de que serían las empresas las que absorbieran la diferencia en su totalidad. Lo que significaba que los trabajadores no tendrían un impacto en su salario.

Sin embargo, Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada, confirmó que por el momento todo está paralizado.