Dora Villanueva

Feria del empleo que se instaló en la Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México, en septiembre de 2018.

El debate sobre la subcontratación en parlamento abierto tiene el objetivo de regular la figura bajo la que se emplean alrededor de 5 millones de personas. No obstante, el gobierno federal es uno de los principales consumidores del servicio, a grado tal que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) generó pliegos de observaciones por esa práctica que rebasan 2 mil millones de pesos sólo para la cuenta pública de 2018.

Las irregularidades alcanzan a Liconsa; Exportadora de la Sal; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional del Agua; el suspendido Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el gobierno de Nuevo León; la Secretaría de Bienestar, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

No obstante, se distingue el seguimiento al Consorcio Empresarial ADPER; Global Intermex; Intermex Comercializadora Internacional, e Impulsora Quebec, con registro en Naucalpan, estado de México, y Torreón, Coahuila. El grupo fue beneficiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto con 59 contratos entre 2013 y 2017 por un monto de 5 mil 85 millones de pesos.

El grupo obtuvo 36 contratos por adjudicación directa con un valor de 3 mil 114 millones de pesos; uno mediante invitación, a cuando menos tres personas, por 650 millones, y 22 mediante licitación pública por mil 971 millones. Observaciones que se contienen en una acción de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

En la revisión de la cuenta pública de 2018 la ASF exhibió que el consorcio recibió un contrato sin concurso en el Banco del Bienestar (antes Bansefi) por más de mil 682 millones de pesos. De éstos, de 299 millones no hay registro de a quién se pagaron; en el GACM se presume un daño al erario por 6 millones 257 mil pesos.

Se pagaron facturas por concepto de prestación de servicios correspondientes al pago de sueldos de personal suministrado, los cuales fueron superiores a los montos previstos en la plantilla de sueldos del contrato, detalla la ASF.

En abril pasado La Jornada dio a conocer inconsistencias en los pagos recibidos por trabajadores que laboraron durante cinco años en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Un listado de nómina con 162 nombres refería discrepancias hasta de 71 mil pesos entre lo que cobraba Adper-Intermex al gobierno federal por un trabajador y lo que en realidad pagaba a éste.

En la revisión de la cuenta pública 2018 también se documentan inconsistencias a cargo de Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Prestadora Yatzil; Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa; Proyectos y Asesoría Administrativa Promes; Grupo Empresarial Grecopa, y Reisco Operadora de Servicios, entre otras.

Según estimaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, hay 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden alrededor de 21 mil millones de pesos al año.