Braulio Carbajal

El valor de las obligaciones financieras de los esquemas pensionarios de 29 universidades estatales asciende a 576 mil 512 millones de pesos, monto cercano a los 654 mil millones que el gobierno destinará a la inversión física en 2020 (construcción y/o conservación de obra pública y adquisición de bienes de capital), lo que según expertos es foco rojo para el país, pues sólo se ha cubierto la mitad de los recursos.

Según la última entrega de la Auditoría Superior de la Federación, los activos pensionarios disponibles en las instituciones educativas del país ascienden a 257 mil 538 millones de pesos; es decir, si tuvieran que hacer frente ahora mismo a sus obligaciones, necesitarían 318 mil 974 millones de pesos adicionales.

Los modelos jubilatorios de las universidades estatales están bajo el régimen de beneficio definido, lo que significa que el monto de la pensión se fija según edad y tiempo laborado del trabajador, con independencia del monto acumulado por cuotas obrero-patronales y las aportaciones del gobierno federal.

Lo anterior implica un riesgo financiero, pues las aportaciones realizadas no corresponden con el monto de la pensión otorgada.

Sonia Juárez, catedrática de la UNAM, advirtió que los esquemas de jubilación de las universidades estatales representan un foco rojo para el país, pues llegará el momento en que no tengan la solvencia para hacer frente a sus obligaciones.

De no hacer nada con el sistema actual de jubilaciones, incluido el de las universidades, el país podría colapsar; el gobierno tendría que quitar presupuesto a otros rubros para cubrir el hoyo. Las universidades deben comenzar a atender ese problema, advirtió la académica.

Aunque el esquema de las 29 universidades estatales es de beneficio definido, cada una tiene características propias, por lo que la edad para acceder a la pensión oscila entre 60 y 70 años de edad y de 10 a 30 años de servicio laboral. En tanto, el monto de la jubilación asciende a entre 50 y 100 por ciento del último salario.

El especialista Moisés Pérez Peñaloza, señaló: “muchas universidades tienen personal longevo; al jubilar a un profesor, la institución académica no sólo debe asumir la pensión, sino también el sueldo de un nuevo docente, lo que aumenta sus gastos. Resaltó que muchas veces las universidades dependen de los presupuestos de los estados, por lo que de complicarse los problemas que tienen los gobiernos subnacionales habrá un efecto dominó y una profunda crisis financiera en el sistema educativo del país.

De hecho, en este año, las casas de estudios de Michoacán, Nayarit, Morelos, Baja California, Chihuahua, Chiapas y Veracruz tienen dificultades para pagar salarios, prestaciones e incluso impuestos.